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La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deberá informar de acciones y presupuestos del protocolo para la implementación de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas respecto a la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El comisionado Joel Salas Suárez destacó la relevancia del recurso porque el derecho de acceso a la información permitirá a las autoridades competentes demostrar que cumplen con el principio de pluriculturalidad, consagrado en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México.
Nuestro país en ese instrumento internacional, el Estado garantiza que no tomará acciones que pongan en riesgo la vida y florecimiento de los pueblos originarios.
“Desde 2012, comunidades mayas de Campeche denunciaron la violación a este principio por la siembra de soya transgénica en sus territorios, autorizada a la empresa trasnacional Monsanto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); sin que las comunidades mayas estuvieran al tanto y lo consintieran”, dijo.
El comisionado recordó que existen denuncias de que el cultivo de soya transgénica inició en 2001 y se han comprobado daños a las actividades que por generaciones les han asegurado a las comunidades un desarrollo humano sustentable.
“El cultivo de soya transgénica demanda deforestación de grandes extensiones de tierra y el uso de plaguicidas como el glifosato, que matan a las abejas generadoras de miel que son sustento de gran parte de estas comunidades y cuya función polinizadora es clave para la preservación de especies de la selva maya. Según Fundar, de permitirse este cultivo en 253 mil 500 hectáreas, se afectaría a más de 15 mil familias apícolas campesinas e indígenas, destruiría su patrimonio biocultural y podría tener daños ambientales irreparables”, alertó.
Salas Suárez manifestó que el cultivo de soya transgénica no sólo se considera para Campeche, sino para otros estados del país como Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
Precisó que la CNDH señaló que a varias comunidades indígenas de estos estados les fue violado el derecho a la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, por lo que emitió una recomendación a la Sagarpa y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
“La información pública es la vía para que las autoridades competentes demuestren que llevan a cabo la consulta según lo establecido en el protocolo respectivo. A petición de las comunidades que serán consultadas, organizaciones sociales conformaron la ‘Misión de observación de la consulta al pueblo maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada’ para acompañar el proceso”, añadió.
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