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A un año y cinco meses de publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los llamados “Acuerdos del Queso” entre representantes del gobierno federal y estudiantes de la Asamblea General Politécnica (AGP), emanados del conflicto estudiantil de septiembre-diciembre de 2014, reportan un avance de 60% en su cumplimiento, señala la Dirección General del instituto.
En una revisión a los documentos sobre el Cumplimiento de los Acuerdos suscritos entre el gobierno federal y la AGP, los temas centrales para los estudiantes como la desaparición de los porros, la expulsión de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), la transformación de la actual Defensoría de los Derechos Politécnicos en la Comisión Politécnica de los Derechos Humanos, y la posterior creación de la figura del ómbudsman, así como la democratización en los procesos de elección de las autoridades, han quedado rezagados.
El 5 de diciembre de 2014, para culminar con el conflicto estudiantil y el paro generalizado que inició desde septiembre en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la representación del gobierno federal, la Asamblea General Politécnica y los voceros de las 44 escuelas de nivel medio superior y superior firmaron ocho acuerdos para la resolución de las demandas estudiantiles.
La ampliación en 350 millones de pesos al presupuesto del IPN fue otra de ellas. Ese dinero iba a ser utilizado para becas, mejora de infraestructura y equipamiento, y quedó cubierta en 76%, según el reporte de las autoridades; mientras que la Dirección General levantó una encuesta entre las escuelas de los niveles superior y medio superior para preguntar a los integrantes sobre las carencias de infraestructura.
El órgano de vigilancia que sustituya a la PBI y la salida de esta del IPN, no se han concretado. En su lugar, el 22 de enero de 2015, el director general Enrique Fernández Fassnacht, envió una circular a la PBI en la que le informaba que se disolvería el contrato en caso de que se creara un órgano de seguridad y vigilancia que dependiera del Politécnico.
El número 7 de los “Acuerdos del Queso” fue sacar del IPN a los grupos porriles, e incluía la presentación de una denuncia pública, investigación y seguimiento de las sanciones en contra de “los autores intelectuales y materiales de los grupos de choque que violenten y transgredan los derechos de la comunidad politécnica”.
Al final se integró una comisión especial para diseñar un protocolo de actuación en caso de denuncias y se giraron oficios, circulares y requerimientos de la Dirección General a los planteles, el avance va en 50%.
Al retomar las demandas en el conflicto de las vocacionales en abril de 2016, fue necesario replantear el acuerdo y formular mecanismos de denuncia y acompañamiento a los estudiantes, además del compromiso de dar vista a las autoridades ministeriales de actos constitutivos de delito en todos los planteles de las vocacionales.
El conflicto estudiantil que ayer cumplió 39 días se agravó con la denuncia de supuestas intervenciones de grupos porriles y la actuación de las autoridades locales en contra de los estudiantes activistas, lo que llegó a convertirse en uno de los puntos que ha impedido el avance en la solución.
Según líderes estudiantiles que participaron en el movimiento de 2014, los “Acuerdos del Queso” quedaron como buenas intenciones de la dirección, y su incumplimiento fue uno de los disparadores del conflicto de las vocacionales, un paro que todavía podría extenderse en algunos planteles.
“Los acuerdos no resolvieron el conflicto de 2014, sólo postergaron la discusión. Los acuerdos en su mayoría son una serie de buenas voluntades y ni siquiera han estado impulsados ni resueltos en su totalidad”, opinó Donovan Garrido, uno de los voceros visibles del movimiento e integrante de las mesas de negociación para las elecciones de quienes conformarán la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (CNP).
César Ernesto López, egresado de Ingeniería en Mecatrónica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (Upiita), quien participó en la mesa de diálogo y firmó los acuerdos, señala que se cumplieron las demandas inmediatas como la eliminación de los planes de estudios que iniciaron el conflicto o la cancelación de las pensiones vitalicias a los ex directores.
Sin embargo, la democratización del IPN (abrir la elección de los directores a la comunidad y que a partir de ésta sean elegidos y nombrados por el director) no se ha conseguido, y la situación en las vocacionales pasa de un asunto coyuntural, puesto que son el reflejo de problemas que sin resolver.
“Los acuerdos fueron una forma de plasmar lo que en el pliego petitorio se decía de manera más extensa. Ha habido un avance pobre por parte del director, y vacilante. La PBI sigue ahí, los grupos porriles siguen presentes en las escuelas de nivel medio superior amedrentando a los compañeros más jóvenes. No se han visto reflejados los aumentos en el presupuesto que fueron acordados. Las situación de las vocacionales no es coyuntural”, dijo.
