El gobierno de México refutó el informe que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación de las garantías en nuestro país y en el cual se critica al estado.

Si bien en el informe la CIDH da cuenta de algunos desarrollos en materia de derechos humanos, respondió el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación, desafortunadamente no refleja la situación general del país y parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), puntualizaron que durante la visita que hizo la CIDH al país, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en la nación no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares del organismo – que hoy se retoman en el informe – se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años.

"De hecho, en repetidas ocasiones se solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones. Desafortunadamente, el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997", reclamó el estado mexicano.

Se criticó la metodología utilizada por la CIDH, toda vez que tuvo un sesgo inicial, en donde en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento.

"Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas", añadió.

La autoridad mexicana defendió que trabaja de manera constante para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia.

"Por ello, se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció", afirmó.

La administración de Enrique Peña Nieto subrayó que el informe desetimó o recogió sólo parcialmente, no obstante la numerosa información que el Estado mexicano le entregó durante y con posterioridad a la visita.

Apuntó que se entregó información sobre leyes presentadas al Congreso para prevenir y erradicar prácticas como la desaparición forzada y la tortura, entre otras.

"Durante su visita, a los comisionados se les informó también de las acciones de protección a sectores como periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a través del Mecanismo de protección operado a nivel federal por la Secretaría de Gobernación y del Fondo para la implementación de dichas medidas. A la fecha, 489 personas y 11 organizaciones han sido incorporadas al Mecanismo, que ha probado ser cada vez más efectivo", informó.

El informe, añadió, no refleja que México es un gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales. Muy pocos países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH, el INEGI, el INAI y el CONEVAL, esfuerzos que no son reconocidos ni señalados como buenas prácticas por la CIDH.

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