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En una carta dirigida a la procuradora General de la República, Arely Gómez, familiares de personas desaparecidas en todo el país reprocharon que agentes del Ministerio Público, que llevaban sus casos, los hayan cambiado a la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa, por lo que exigieron un trato digno y que en la investigación no sean discriminados.

En el documento firmado por el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 35 colectivos y organizaciones, se asegura que a la Procuraduría General de la República (PGR) le hace falta una visión estratégica y que los cambios realizados en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas representan un retroceso en las pesquisas.

“Nos hemos enterado que el pasado 4 de noviembre de 2015, parientes de personas desaparecidas, integrantes de este grupo, que llevan sus casos en la llamada Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, recibieron la noticia de que varios de los agentes del Ministerio Público, que hasta ahora eran responsables de la búsqueda e investigación de sus casos, serían asignados a la recientemente creada Unidad Especial para Ayotzinapa”.

Los firmantes enfatizaron que existe falta de interés de la procuradora Arely Gómez, pero también hay discriminación y maltrato hacia las familias.

“Reprochamos la falta de visión estratégica y de mínima sensibilidad de las autoridades hacia quienes luchan por buscar a sus seres queridos y empujar a las precarias estructuras del Estado responsables de esta labor”, señalaron.

Indicaron que quitarle los pocos recursos a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas no es la solución al problema. Comentaron que desde la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas no se contaba con el personal ministerial necesario, ni policía de investigación, ni tecnología.

Afirmaron que el grupo no tenía una metodología adecuada ni planes de búsqueda desde una perspectiva contextual “y no ha mostrado un empuje ni liderazgo en la identificación de restos humanos en fosas comunes y clandestinas, como parte de una estrategia integral de búsqueda” de sus familiares.

Exigieron a la procuradora Gómez González respetar el derecho a la verdad de las víctimas y familiares, incluyendo el acceso a información clara y oportuna sobre las pesquisas; promover y respetar el derecho a la consulta y a la participación en las investigaciones; informar a los parientes de personas desaparecidas afectadas por el cambio de los Ministerios Públicos y fortalecer la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, recuperando los estándares y buenas prácticas internacionales para la investigación de esos casos.

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