Gobierno responde a resolución por tortura

silvia.otero@eluniversal.com.mx

El gobierno de México integró una mesa de trabajo para atender la resolución que emitió el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ordenó la libertad de cuatro reos ante la responsabilidad del Estado mexicano por la tortura, detención arbitraria, arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia de la investigación de los delitos.

En el caso de Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez, Naciones Unidas instó a las autoridades mexicanas a liberarlos del Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, en el que están recluidos desde hace seis años.

El 16 de junio de 2009 fueron detenidos en Playas de Rosarito, Baja California, sin orden de aprehensión, como principales sospechosos del delito de secuestro. En el expediente del caso se documentó que durante el arresto, traslado y los 40 días de arraigo, en las instalaciones del Aguaje de la Tuna, en Tijuana, fueron torturados.

Los cuatro consignados declararon que recibieron golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte para inculparse.

Después de analizar el caso, el Comité de la ONU pidió su liberación e iniciar una investigación exhaustiva sobre la tortura a la que fueron sometidos; procesar, juzgar y castigar a los responsables, y conceder a las víctimas una plena reparación del daño y rehabilitación.

Las secretarías de Gobernación de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República (PGR) informaron a través de un comunicado que se acordó la instalación de una mesa de trabajo ad hoc, que estará integrada por los subsecretarios Roberto Campa Cifrián, Miguel Ruiz Cabañas y el subprocurador Eber Betanzos Torres, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Guevara, así como la abogada Mayra Lopez, representante de los detenidos, y María Luisa Bascur, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Estado mexicano tiene 90 días para enviar información al Comité sobre toda medida adoptada para atender la resolución. Ayer se inició la colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para atender la situación de cada uno de los internos.