Resalta Hacienda resultados de ley contra lavado

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Elías, reporta en el Senado que se busca facilitar las medidas administrativas para identificar recursos ilegales

Nación 23/09/2015 16:51 Juan Arvizu y Alberto Morales Actualizada 16:51
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Elías, dijo que se han emitido más de mil criterios de interpretación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Por su parte, representantes de notarías, distribuidores de automóviles, de tiendas de autoservicio, joyería, casas de subasta, expusieron que esta legislación, conocida por su objetivo contra el lavado de dinero y terrorismo es una carga administrativa para las empresas, que aumenta sus costos.

Subrayaron que esta legislación ocasiona pérdida de clientes; salida del país de compradores, además de que es causa de una migración a uso de dinero en efectivo, contrario a la inclusión financiera.

La ley contra Lavado de Dinero y Terrorismo obliga a un grupo de sectores de la economía a reportar las operaciones que lleve a cabo una vez que superen un monto económico, que se busca elevar, a fin de reducir el número de casos reportables a las autoridades con los datos personales de sus clientes.

Alberto Elías dijo que al año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHyCP recibe 18 millones de reportes de operaciones reportables, como manda la ley, que se traducen en un promedio de 85 denuncias por lavado de dinero.

Esta legislación entró en vigor en 2012, cuenta con 65 artículos; su reglamento, de 2013, comprende 59 disposiciones. Un proyecto de reformas está en proceso de dictamen en el Senado, y representantes de diversos sectores acudieron a exponer sus propuestas. Sólo el gremio de casinos señaló que aplicar los lineamientos “fue sencillo”.

Alfonso Pérez Lizaur, presidente de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, dijo que “tenemos la ventaja de que nuestras instalaciones son altamente automatizadas; toda la industria presenta entre 10 mil y 12 mil avisos mensuales, y al adecuar los rangos a los límites internacional, vamos a estar encantados, pues vamos a bajar el número de reportes, y a quitar chamba a los señores (de Hacienda) para analizarla”.

Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA), en el foro de consulta para legislar modificaciones a la ley advirtió que con el modelo actual “llenamos de datos una gran base que genera información inútil, redundante, que genera mayor riesgo de cometer omisiones y errores en las actividades (sujetas a disposiciones de control)”.

Héctor Galeana Inclán, en representación de la Asociación Nacional de Notarios y del Colegio Nacional de Correduría Pública, pidió que en la revisión de la ley se tome en cuenta que “al notariado no nos corresponde prevenir ni identificar (lavado de dinero)”, ni actuar como autoridad.

Vicente Yáñez Solloa, de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) dijo que la ley obliga a su gremio a registrar caca cliente y cada venta, lo que representa una carga administrativa y de costos, además de obligaciones legales. El escenario es complicado porque en el país hay 40 mil establecimientos, a los que acuden 20 millones de clientes que compran un billón cien mil pesos anuales, y hay que detectar a los compradores que hayan rebasado el umbral de adquisiciones.

Y dijo: “Ninguna cadena tiene sistemas informativos para tener control de las ventas”. Propuso que los legisladores en la revisión en curso de la ley, asuman reformas que “eviten burocracia y pérdida de clientes que (en la frontera) se van al otro lado de compras”.

Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, recordó que aplicarse la ley en su inicio, su sector tenía que demostrar a la Unidad de Inteligencia Financiera, que no llevaban a cabo operaciones ilícitas, cuando por su naturaleza y alcance, no es un área en la que ocurra el lavado de dinero. La UIF “ya se dio cuenta de cómo es la relación distribuidor-industria”.

Horacio Rodríguez, representante de la casa de subastas López Morton, dijo que las normas obligan a “llevar un control de compras de los clientes, aplicar procesos administrativos con más personal y más carga”. Subrayó que realizan funciones “que no nos corresponde, que no son nuestra función, y absorbemos los costos de ello”.

Dijo que de aumentar en la ley el monto económico reportable en compras de joyas, colecciones de arte y antigüedades se reducirá el número de operaciones de las que se da aviso a las autoridades, y que al momento se informa del 40% de sus ventas, y por ello se debe dar un seguimiento a cada cliente, con papeleos por cada ocasión.

José Ramón Bordes Abacal, vicepresidente de American Express para Asuntos de Regulación, dijo que la vigencia de la ley, en tarjetas de servicio impacto con una baja importante en el gasto, y de hecho, hay migración a uso de efectivo, lo cual es contrario a la inclusión financiera que interesa al país.

 

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