Crimen de 17 curas rebasa a gobierno: católicos

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El asesinato de 17 sacerdotes en lo que va del sexenio es un signo de que prevalece en el país una situación de violencia “desmedida”, la cual rebasa a los gobiernos federal y estatal, así como a las organizaciones de seguridad, afirmó Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM).

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presbítero comentó que con la muerte de Felipe Altamirano Carrillo, cura indígena de la prelatura del Nayar, en Nayarit, suman 17 crímenes contra sacerdotes en lo que va de la actual administración, cifra que iguala el total de asesinatos que se registraron durante todo el sexenio de Felipe Calderón, que al final de su gobierno sumó 17 víctimas religiosas.

“Igualamos la cantidad de asesinatos del sexenio pasado, eso quiere decir que marca una situación de violencia desmedida que no está controlada, que cada día vivimos, sentimos la violencia alrededor de nuestras colonias, de nuestros familiares. No hay que darle más vuelta, la situación de violencia ha rebasado a los gobiernos federal, estatales y a las organizaciones de seguridad que son completamente ineficaces en su desarrollo de ejercer seguridad”, enfatizó.

Urgió a las autoridades a reconocer este problema, a fin de cambiar las formas en las que se imparte la seguridad, no sólo para los sacerdotes sino también para periodistas y para la población en general: “No está todo perdido, no queremos ser pesimistas. Sin embargo, hay situaciones que marcan que necesitamos cambiar nuestras formas de ejercer seguridad”.

Sotelo destacó que en lo que va de este año van dos sacerdotes asesinados, el primero, en enero de 2017. El padre Joaquín Hernández, de la Diócesis de Saltillo, desapareció luego de oficiar la misa de Año Nuevo, puesto que tomaría vacaciones y se reincorporaría a sus labores el 7 de enero, pero nunca regresó debido a que fue víctima de un presunto asalto.

Esta semana, Óscar López Navarro, obispo de la Diócesis de Tampico, Tamaulipas, fue plagiado la noche del martes 28 de marzo a unos metros del convento Misioneros de Cristo Mediador y ayer tras 35 horas de secuestro fue liberado.

El director del Centro Católico Multimedial comentó que en la mayoría de los curas asesinados hay una “clara muestra de violencia, muchos de ellos han recibido extorsión, levantamiento, tortura y, lamentablemente, asesinato”, y agregó que en el caso del sacerdote de Nayar, aún se está en la búsqueda de información que arroje la causa de su homicidio.

El documento titulado Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, publicado por el CCM en diciembre de 2016, señala a Guerrero, la Ciudad de México, Veracruz y Michoacán, como las entidades más peligrosas para ejercer el ministerio sacerdotal y añade que al término del cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto se registra un incremento de 80% en los curas asesinados con respecto al primer cuatrienio de Calderón, al pasar de nueve a 15 en la actual administración.

Detalló que además de la violencia con la que se ejecutan los crímenes, se conoce que los presbíteros denunciaban la situación de inseguridad en su comunidad y desempeñaban labores de protección a migrantes, por lo que los religiosos resultan “incómodos”.

“El trabajo pastoral es titánico y de gran alcance, han denunciado la inseguridad en sus zonas. El número de amenazas a sacerdotes en el país ha aumentado considerablemente en los últimos meses. El ejercicio pastoral, en gran parte de los casos, sí incomoda a algunos sectores de la sociedad, como el criminal”, destacó Sotelo.

Criticó que más de 80% de los atentados contra sacerdotes han quedado impunes y, además, se ha buscado difamar a las víctimas, como ocurrió con los sacerdotes de Veracruz y Michoacán el año pasado.

“En lugar de clarificación hubo difamación, se decía que estaban tomados con conocidos, buscan la manera de darles carpetazo muy fácil , diciendo que eran cuestiones personales. Que son casos del fuero común”, dijoSotelo, quien destacó que hacer el recuento de los atentados contra sacerdotes es una manera de hacer un llamado a las autoridades, a fin de que sean más eficientes en la impartición de justicia y cambien sus estructuras.