La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un documento enviado al Senado con diez consideraciones sobre la Ley de Seguridad Interior, previene que “no puede suprimirse de tajo” la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, pues “lejos de contribuir al orden nacional “dejaría un nicho propicio para el fortalecimiento de las organizaciones delincuenciales”.

Establece el ombudsman que el regreso de los militares a los cuarteles, a “sus funciones constitucionales primarias, debe ser gradual y verificable”, dentro de los estándares del principio de legalidad.

Previene que las fuerzas armadas, en tanto emprenden el retorno a los cuarteles, deben evitar participar en la prevención e investigación de los delitos.

El documento recibido por el presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero Morales (PVEM), expone “inquietudes y aspiraciones, con base en principios constitucionales y convencionales”, que remite a las dos cámaras del Congreso de la Unión, con el ánimo de que sirvan “de reflexión y análisis, en la materialización de una ley que contribuya al fortalecimiento de la actuación de las autoridades en materia de seguridad”.

Pide la CNCH “no asumir bajo ningún supuesto que la intervención de las fuerzas armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas pueda asumir carácter permanente”, y propone que en su caso la ley debe establecer las bases para el retorno gradual y verificable de los militares a las tareas que le son propias.

Señala que “para propiciar una mayor seguridad, justicia y democracia, se deben establecer políticas y acciones de más prevención y menos reacción”.

afcl

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