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El crimen organizado recluta jóvenes menores de 18 años de edad que pueden llegar a tener algún mando dentro de la estructura criminal, dijo Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), luego de advertir que son entrenados por ex policías o ex militares.
Al presentar los resultados del informe especial Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, la investigadora hizo un llamado a las autoridades para mejorar las fallas que existen dentro de las instituciones y del sistema educativo.
Acompañada por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, Elena Azaola externó que actualmente unos 13 mil 317 jóvenes se encuentran privados de su libertad y para la realización de la investigación se entrevistaron a 730 de ellos que desde hace algún tiempo se encuentran en algún centro de reclusión por haber cometido delitos graves.
El informe señaló que 35% de los jóvenes, asegura haber pertenecido a una organización del crimen organizado, como sicario, halcón, u otra actividad e incluso hasta tuvieron algún mando dentro.
En el evento, la investigadora del CIESAS alertó que 57 % de los adolescentes fueron terriblemente torturados por elementos de alguno de los tres niveles de gobierno, al momento de su detención.
El documento indica que 27% de los adolescentes formaban parte de una pandilla, el 38% cometió delitos por problemas interpersonales, 62% de los entrevistados había sufrido la separación de sus padres, 60% tuvo en algún momento un familiar en prisión, 31% abandonaron sus casas por violencia familiar, mientras que 22% asegura que nunca conoció a su padre.
Durante su intervención, Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la Comision Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que en México hay 11 millones de adolescentes entre 14 y 17 años de edad, que representan 10% de la población total.
Enfatizó que la deserción escolar tiene un peso importante como antecedente de la conducta delictiva de los adolescentes, por lo que las autoridades deben garantizar mejores condiciones a los menores y adolescentes.
“Se puede señalar que el reto de gran impacto para nuestro futuro es asegurar el cumplimiento pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y reducir las condiciones de exclusión y vulnerabilidad en las que vive buena parte de ese sector”, agregó la visitadora general.
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