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Hace 16 años Francisco supo que su oficio era servir al país, y así lo hizo; pero en los últimos 10 años tuvo que salir de su cuartel para combatir a grupos del crimen organizado. Hoy está acusado por la muerte de un civil que les disparó durante una emboscada, por lo que recibió una sentencia a 30 años de prisión.
Desde el 31 de marzo de 2016, cuando recibió la sentencia por parte del juez del fuero civil, todavía se pregunta: ¿Por qué a mí si yo no lo maté?
A partir del 4 de junio de 2013 que fue detenido e ingresado a la prisión militar, el teniente Aguilar Cisneros tuvo que dejar su arma y ahora se dedica a hacer cuadros de madera para tener ingresos.
Salió vivo de ocho enfrentamientos contra grupos criminales, los últimos en el estado de Guerrero donde fue enviado a recobrar la seguridad para la sociedad de Tierra Caliente, pero unas quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por familiares de uno de los agresores que falleció, le arrebataron su sueño de llegar a ser general de la Defensa Nacional.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el teniente asegura que desde hace 10 años los militares de la primera línea se encuentran desamparados y sin protección de las leyes.
A principios de 2013 lo enviaron a la región de Tierra Caliente, en Guerrero, para dar con los responsables de una emboscada a otros compañeros que realizaban reconocimientos terrestres y que lograron asegurar un narcolaboratorio, pero fueron sorprendidos por Los Caballeros Templarios.
Él llegó a l municipio de Zirándaro para comenzar con el despliegue de tropas en toda el área, unas 10 bases de operaciones, cada una con 30 elementos, con el fin de encontrar a los responsables.
“Llegué yo con más personal con el mismo objetivo. En uno de los poblados de nombre Aratichanguio vi que velaban a una persona y supe que era quien había atacado a los soldados”, comenta.
El teniente Cisneros comenzó con el reconocimiento terrestre cuando un grupo armado que estaba parapetado en los cerros les disparó… de inmediato respondieron a la agresión porque un soldado murió al ser alcanzado por una bala, uno de los agresores también falleció.
Al mes de los hechos llegaron quejas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y se pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se investigara. Fueron seis quejas, dos presentadas por los hermanos del fallecido, las otras por pobladores que habían sido amenazados por el grupo armado si no acudían a presentarlas.
“En una diligencia uno de ellos dijo que no conocía al difunto que sólo trabajaba en el jardín del palacio municipal, pero luego supe que unos encapuchados llegaron y los hicieron firmar las quejas”, señala.
Pasaron unos meses y la Policía Judicial Militar llegó con los soldados que estaban bajo las órdenes del teniente Cisneros, 26 aproximadamente.
“Los presionaron sicológicamente para testificar, fueron obligados y presionados para declarar una cosa, y ya sin presión dijeron que la Policía Militar los presionó”, asegura.
El teniente se movió para demostrar su inocencia, presentó peritajes de balística ante el juez federal en los que se determinaba que la ojiva que tenía el civil no coincidía con el arma de Cisneros, pero eso no fue valorador por el juzgador.
“Se supo qué arma fue, pero me imagino que la presión de los Derechos Humanos derivó en mi detención para tener a un responsable. Nosotros, los militares, estamos totalmente desamparados, los defensores militares de oficio no mueven un dedo”, dice.
La batalla también es en el núcleo familiar, puesto que su esposa y sus dos hijas están en otra entidad federativa y casi no las ve. Por teléfono intenta ayudarles a sus tareas. En los primeros días de prisión prefería haber muerto en el enfrentamiento, pero “sólo Dios sabe mi futuro”.
“Desde que se ordena la salida de los soldados de sus cuarteles quedamos desamparados. Yo ya estuve en operaciones en Tijuana, Sinaloa, Ciudad Juárez, Torreón y Guerrero, pero estamos sin protección ante los delincuentes que saben cómo ganarnos la batalla, presentando quejas ante los derechos humanos”, advierte.
A sus 36 años de edad, lo único que pide es poder estar en esos momentos importantes de sus hijas, y lo puede hacer porque le queda impugnar la decisión del juez, pero es realista y ve difícil que cambien las cosas.
“No lo puedo negar, sí he llorado. Pienso en mi esposa, en mis hijas, mis papás. Si no tuviera a nadie afuera no tendría motivo, pero sí les lloro. Difícilmente algo nos dobla, pero la familia a cualquiera”, agrega.
