Por violaciones a los derechos humanos de siete personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón; al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; a la procuradora General de la República, Arely Gómez y al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.
La CNDH señaló a los elementos de la Marina como responsables de violar los derechos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal y por tortura, ésta última únicamente en agravio de una de las personas.
A la CNS por violación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, y a la PGR y al Gobierno del Estado de San Luis Potosí por violación al derecho humano de acceso a la justicia.
El organismo que encabeza el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, indicó que tras la investigación se acreditó que personal de esas dependencias y del gobierno de San Luis Potosí violaron los derechos a la libertad, seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, integridad personal y acceso a la justicia.
En la Recomendación 43/2016, la CNDH señaló que entre los días 26 de junio y 29 de noviembre de 2013 recibieron varias quejas de hechos diferentes, pero por tratarse de lugares similares y la actuación de las mismas autoridades, se acumuló en un solo expediente.
En un caso, una de las víctimas dijo que elementos de la Policía Federal ingresaron a su domicilio sin motivo el 22 de junio de 2012, cuando ingresó a su casa vio que le faltaba dinero y una computadora portátil; “asimismo tuvo conocimiento que al día siguiente, los mismos agentes catearon los domicilios de su madre y de un sobrino”.
En otro caso, elementos de la Armada de México ingresaron a un domicilio el 27 de octubre, ubicado en Tampacán, San Luis Potosí; al irrumpir golpearon a una persona misma que obligaron a tomar un arma y bolsas de plástico.
Durante su traslado a la delegación de la PGR, la víctima y otra persona que iba detenida se les atribuían los delitos contra la salud y portación de arma de fuego.
“El 9 de noviembre de ese mismo año otro de los agraviados presentó queja por la detención de que fue objeto junto con cuatro víctimas más, mientras dormían en su domicilio ubicado en el municipio de Tanquián, por elementos de la SEMAR quienes con violencia los sacaron y trasladaron detenidos a la Delegación de la PGR”, señaló.
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