La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reiteró su llamado al Gobierno de México para garantizar una investigación inmediata y exhaustiva sobre una serie de presuntas ejecuciones sumarias y violaciones de los derechos humanos cometidas por militares hace casi dos años en Tlatlaya.
En una sesión informativa con la prensa hoy en Ginebra, Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONUDH), expresó su profunda preocupación de que el caso sigue "empantanado en la impunidad" y a las víctimas les sigue siendo "negado su derecho a la justicia y la verdad ".
"Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para garantizar una investigación exhaustiva, eficaz, imparcial, independiente y rápida en este caso emblemático", dijo la portavoz, instando a las autoridades fiscales y judiciales para cumplir con las "más altas normas de derechos humanos" en sus investigaciones.
"Las investigaciones deben extenderse para examinar a todos los que pueden ser responsables, incluidos los oficiales militares de alto nivel que pueden sostener la responsabilidad de mando, así como aquellos que pueden haber manipulado u ordenado la comisión de actos de alterar la escena del crimen," agregó.
Además "otras denuncias de violaciones de derechos humanos relacionados con el caso Tlatlaya, incluida la detención arbitraria y la tortura de testigos, también deben ser investigadas a fondo".
La portavoz también recordó que durante una visita a México en octubre de 2015, el Alto Comisionado de Zeid Ra'ad Al Hussein dijo que el caso Tlatlaya sería seguido de cerca como una prueba del compromiso de las autoridades para luchar contra la impunidad.
"Respetamos plenamente la independencia del poder judicial y tomamos nota de la declaración de la oficina del Fiscal General que aportaría elementos de prueba para prevenir que los crímenes cometidos en Tlatlaya queden en la impunidad", dijo.
Shamdasani llamó a las autoridades a implementar con urgencia la recomendación hecha por el Alto Comisionado en octubre para establecer una institución forense Nacional Autónoma de recursos suficientes, dada la importancia de esas pruebas en el caso.
"Esto sin duda reforzará las investigaciones en este y otros casos", dijo el portavoz, añadiendo que la ONUDH está dispuesta a asesorar a las autoridades competentes en México, así como para apoyar y ayudar a las víctimas y sus representantes.
El incidente ocurrió el 30 de junio de 2014, en un operativo de las fuerzas militares durante el cual murieron 22 personas, de las cuales al menos 12 pudieron haber sido ejecutados sumariamente, en un almacén de Tlatlaya en el Estado de México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Siete militares fueron detenidos en relación con el caso, pero en octubre de 2015, un juez retiró los cargos contra cuatro de ellos y la semana pasada, un tribunal liberó a los otros tres, al considerar que no había pruebas suficientes en su contra.
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