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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) advirtió a la Cámara de Diputados sobre imprecisiones en el proyecto de dictamen de Ley Federal de Transparencia.
El Instituto informó que envió a la Cámara de Diputados una nota y un anexo técnico, en el que solicita que en el tema de las obligaciones de transparencia de los créditos fiscales se incluya como obligación publicar el nombre de quienes se les canceló o condonó un crédito fiscal, porque el proyecto sólo contempla la denominación o razón social.
Por lo que hace a las empresas filiales de Pemex y CFE se debe puntualizar que éstas también deberán cumplir las obligaciones de transparencia de las empresas productivas del Estado y subsidiarias.
En cuanto a los sindicatos, además de mantener información actualizada y accesible en sus sitios de internet, deberán contar con ella de forma impresa, para su consulta directa.
De las obligaciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia, para la intervención de comunicaciones privadas, el INAI recomienda que debe ser obligatoria la mención de que la intervención cuente con la autorización judicial correspondiente.
En el tema de la naturaleza de los sujetos obligados, se debe especificar la calidad de los sindicatos y empresas filiales como sujetos obligados de la ley e incluirlos expresamente en el artículo primero, tanto a las empresas productivas del Estado y a las instituciones de educación superior públicas.
El INAI advirtió que necesario incluir que los sujetos obligados deberán publicar aquella información o documentos que entreguen en cumplimiento a una resolución del Instituto.
En el tema de los plazos, el Instituto considera que se debe respetar el plazo máximo de 30 días, establecido en la Ley General, para resolver el procedimiento sancionador y no ampliarlo a 38 o 45 días, como plantea el proyecto.
El INAI reconoció el trabajo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados por las modificaciones que hizo, a fin de atender las sugerencias del Instituto y de diversos sectores de la sociedad.
De acuerdo con las adecuaciones, el Instituto tendrá la facultad para determinar en qué casos se privilegiará el acceso a la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad o con actos de corrupción, entre otras.
cfe
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