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marco.muedano@eluniversal.com.mx
La inseguridad generada por los cárteles mexicanos, así como por organizaciones del crimen organizado, en cinco estados del país entre los años 2008 y 2015, llevó al gobierno federal a desplegar a más de 20 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para apoyar en las labores de seguridad pública.
El informe de la Sedena, del cual tiene copia EL UNIVERSAL, detalla que los 20 mil 241 soldados también fueron movilizados en Chihuahua, Nuevo León, Durango, Tamaulipas y Michoacán, lo que tuvo un costo al erario de 17 millones 891 mil 478 pesos. El personal castrense fue asignado a esas cinco entidades, luego de que los gobiernos estatales solicitaron a esa dependencia el apoyo por el aumento de la inseguridad.
Tamaulipas es una de las entidades donde enviaron elementos. Según los reportes de la dependencia, en 2010 la disputa entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, llevó al gobierno federal a asignar al personal al estado, por el aumento de robos, secuestros, homicidios y extorsiones en contra de la población.
En algunos municipios, como Reynosa, San Fernando y El Mante, las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Secretaría de Marina, tomaron el control de los ayuntamientos.
“Se hace de su conocimiento que debido a la inseguridad que generan los integrantes del crimen organizado, las Fuerzas Armadas proporcionan apoyo de seguridad pública a los gobiernos de las entidades federativas que lo soliciten, mediante la suscripción de un convenio de colaboración entre esta secretaría y el gobierno peticionario”, dice.
El pasado sábado, José Carlos Beltrán, director general de Derechos Humanos de la Sedena, aseguró que las fuerzas castrenses se encuentran en las calles porque las autoridades civiles dejaron de hacer labores de seguridad.
“Alguna autoridad civil dejó de hacer su trabajo. Si nuestros directores de policía, si nuestros jefes, gobernadores y presidentes municipales hubieran atendido su problema de seguridad pública en sus localidades, las Fuerzas Armadas no estuvieran. Alguien dejó de hacer su trabajo, alguien dejó de cumplir con eso”, explicó en el “Foro de Seguridad, Justicia y Paz: Justicia Posible”.
Uno de los primeros despliegues que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional, durante ese periodo, fue el llamado Operativo Conjunto Chihuahua, el cual contó con la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno para combatir a los cárteles de Ciudad Juárez y Sinaloa. Las fuerzas castrenses asumieron el control operativo de la seguridad pública, debido a que las policías locales fueron depuradas al ser cooptadas por el crimen organizado.
En 2010 la disputa entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, llevó al gobierno federal a desplegar elementos en Nuevo León, principalmente en los municipios de Monterrey, San Nicolás y Apodaca.
Un año después, en Durango fue desplegado personal de la Sedena en la capital de la entidad por el incremento de la inseguridad y el descubrimiento de fosas clandestinas en las que fueron exhumados más de 300 cuerpos. La incursión incluyó tomar el control de los municipios de Lerdo y Gómez Palacio, en Durango, además de Torreón, en Coahuila, donde se disputaban la zona Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.
En 2014, la Federación envió a soldados a Michoacán para apoyar en la seguridad de los municipios de Tierra Caliente, donde la organización criminal Los Caballeros Templarios mantenía el control de la zona.
El operativo permitió abatir y detener a algunos integrantes de esa organización, a través de operativos coordinados con elementos de la Policía Federal y la Secretaría de Marina, quienes ingresaron a los ayuntamientos y aseguraron propiedades del crimen organizado.
Además del despliegue de elementos castrenses en la zona, en 2010, la dependencia también movilizó a personal por la inseguridad generada en municipios como Uruapan y Morelia, donde tenía presencia el cártel de La Familia, el cual, tras una ruptura se fragmentó en dos agrupaciones más, una de ellas conocida como Los Caballeros Templarios.
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