Rechazan que pesquisa esté fragmentada

politica@eluniversal.com.mx

La Procuraduría General de la República (PGR) negó que la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se haya fragmentado por la apertura de 12 averiguaciones previas distintas a la indagatoria central, y rechazó la posibilidad de que 22 policías municipales relacionados con el caso pudieran salir libres por falta de pruebas.

En un comunicado de prensa, la dependencia que encabeza Arely Gómez también anunció que investiga la filtración de declaraciones ministeriales de personas detenidas en 2015, pero advirtió que “no sólo los empleados de la PGR han tenido acceso al expediente, puesto que hay otros actores procesales que también podrían conocer el contenido de la averiguación previa”.

En el texto con el que la PGR respondió a las afirmaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que se está obstaculizando la investigación del caso Iguala y que busca construir una quinta versión sobre lo ocurrido, defiende la actuación del Ministerio Público Federal, con el argumento de que cuenta “con una estrategia y un plan de trabajo desarrollado con base en las facultades de investigación”.

La dependencia agregó que la indagatoria central que realiza la Subprocuraduría de Derechos Humanos sobre la desaparición de los estudiantes tiene hasta ahora 154 tomos y 12 averiguaciones previas que se iniciaron y se acumularon a lo largo de 2014. En su lista de expedientes integrados a la investigación principal, la PGR no incluye ninguna averiguación abierta en 2015.

La dependencia rechazó que la investigación esté fragmentada, argumentando que en el caso de las detenciones de presuntos delincuentes del grupo delictivo Guerreros Unidos ocurridas en 2015, se remitieron a la investigación principal los datos de prueba vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, sin importar que el origen de los datos de prueba sea de otros actos delictivos.

“La oficina de investigación del caso Iguala se encarga de la indagatoria de los hechos respectivos, mientras que la SEIDO conoce eventos relacionados con delincuencia organizada y otros delitos de su competencia, sin que ello implique que deje de remitir las declaraciones de inculpados vinculados directamente con el caso de los normalistas para su desahogo. La SEIDO tiene la obligación de investigar lo que le autoriza la ley en el marco de su competencia”, indicó la dependencia.

En su respuesta, la PGR no señala si accederá a la petición para que esas 12 averiguaciones previas se acumulen a la indagatoria principal.

En lo referente a la posibilidad de que 22 policías municipales sean liberados, la PGR precisó que se trata de una imputación realizada por la Fiscalía General de Guerrero por la comisión de delitos del fuero común, por lo que su papel fue impugnar ante un tribunal colegiado el amparo que se les concedió por un juez federal para revocar la formal prisión dictada en su contra.

La PGR agregó que los 22 policías municipales también enfrentan cargos por delitos como delincuencia organizada y secuestro, por lo que descartó la posibilidad de que pudieran salir libres, como afirmaron los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En lo que respecta a la revictimización de la familia del normalista Julio César Mondragón, asesinado la noche del 26 de septiembre en Iguala y cuyo cuerpo mostraba huellas visibles de tortura, la Procuraduría explicó que las diligencias para exhumarlo y volverle a practicar una autopsia fueron responsabilidad de las autoridades locales y no de esa dependencia. Según el GIEI, la diligencia se prolongó por más de tres meses.

“Es de destacar que dichas diligencias fueron ordenadas por la autoridad judicial local, dentro de la causa penal, y no constituye un acto de investigación ordenado por el Ministerio Público de la Federación, como pareciera entenderse, puesto que la solicitud formulada por los familiares de Mondragón de toma de ADN tuvo que pasar por la autorización y posterior trámite entre órganos jurisdiccionales estatales, sirviendo la PGR como conducto para acortar tiempos”, señaló.

Sobre la posibilidad de que el tráfico de heroína entre la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y el municipio de Iguala en México tiene relación con la violencia ejercida contra los 43 estudiantes normalistas, la PGR reconoció que forma parte de las nuevas líneas de investigación, por lo que se envió la petición correspondiente a las autoridades estadounidenses.

La PGR reveló que desaprueba y rechaza la filtración de información relacionada con los expedientes del caso Iguala, por lo que se dio la orden de que el Ministerio Público Federal investigue estos hechos.