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Hay intentos de la delincuencia organizada para tratar de infiltrar al Poder Judicial de la Federación y, aun cuando la corrupción no es ajena a los impartidores de justicia, los juzgadores federales tienen la obligación de actuar con pulcritud para responder a ambos fenómenos y recuperar la confianza ciudadana, advirtieron la consejera de la Judicatura, Martha María del Carmen Hernández, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Salas.

En sesión solemne para tomar protesta a 66 jueces de Distrito especializados en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, Hernández Álvarez hizo un llamado a los juzgadores para que en el desempeño de sus funciones destierren las malas prácticas que han deteriorado la impartición de justicia en México, así como a resistir cualquier tentación que los aleje de los principios éticos del Poder Judicial.

“No podemos dejar de reconocer la realidad que vive nuestro país con el fenómeno de la delincuencia organizada. Ésta busca infiltrarse en instituciones tan nobles como la nuestra. Sólo nuestros principios les permitirán resistir cualquier tentación de alejarse de los mismos, pues el peligro de nuestro más caro afecto personal o interés personal no puede estar por encima del papel al que nos hemos comprometido cuando protestamos el cargo”, advirtió.

El ministro de la SCJN, Franco González Salas, reconoció que el país atraviesa por una prolongada etapa de violencia e inseguridad, generada por fenómenos criminales nacionales y globalizados que laceran a la sociedad mexicana, entre ellos el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el secuestro y la extorsión.

En este marco, pidió a los juzgadores federales combatir la corrupción y la impunidad para lograr la confianza de la gente, puesto que estos dos últimos problemas son los más perniciosos para el país.

“Para enfrentar esos fenómenos, y recuperar la confianza, en lo que nos corresponde se requiere que las conductas de los jueces, en lo público y en lo privado, sean escrupulosamente públicas; que sus decisiones estén sólidamente argumentadas y sustentadas en la Constitución y en las leyes, así como, no en pocas ocasiones, valientes de cara a amenazas e intimidaciones”, expuso el ministro.

González Salas agregó que a cinco meses de cumplirse el plazo fijado en la reforma constitucional de 2008 para la entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema de justicia penal, el Poder Judicial de la Federación cumplirá “en tiempo y forma” con sus compromisos en la materia.

En sesión conjunta de los plenos del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consejera Martha María del Carmen Hernández pidió a los nuevos jueces “acabar con la vergüenza que a veces siente la sociedad civil por haber tenido fe y confianza en sus instituciones y en los servidores públicos que en algún momento les defraudaron.

“Son ustedes emisarios de un compromiso que absolutamente deberá cumplirse con su actuación; al impartir justicia sean firmes y duros con los problemas, pero a la vez sean sensibles y diáfanos con sus intenciones, siempre aclarando las razones de su convicción más allá de lo verosímil, ya que su legitimidad radicará en la calidad de sus argumentos al momento de emitir cualquier determinación y, sobre todo, al dictar una sentencia definitiva”, sentenció la también magistrada.

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