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El especialista señala que en México no existe una política de Estado que abarque un apoyo integral a la resolución de casos de desaparición forzada (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Caso Ayotzinapa, a Corte penal, señalan

30/09/2015
01:38
Ruth Rodríguez y Eduardo Hernández
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Para Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa debe ser tratado como un delito de lesa humanidad y llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional.

Durante el Foro Internacional sobre Personas Desaparecidas en México, el experto en temas de seguridad comentó que el informe de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa fue muy valiente, pero ese organismo Interamericano “no tiene dientes” para sancionar o llevar a la cárcel a los involucrados en este problema, sean autoridades o integrantes de grupos delictivos.

El especialista comentó que en el ámbito internacional esto sí podría suceder, “porque la instancia judicial supranacional que deberían traer estos casos, debe ser capaz de emitir órdenes de aprehensión, de allanamientos, así como detenciones de autoridades de diferente rango o cargos”, expuso.

El investigador consideró que “debería ser una instancia judicial que tenga capacidad de actuar contra funcionarios del Estado mexicano, cosa que no ocurre bajo el ámbito de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

Edgardo Buscaglia recomendó a los familiares de las víctimas cambiar el enfoque al impulso de sus causas y llevarlas hacía el ámbito de la Corte Penal.

También les comunicó que se requiere de una mejor organización de la sociedad civil, capaz de paralizar todo un país para que el Estado los escuche y los atienda.

“Una de las premisas que me preocupa mucho es que en México no existe una política de Estado que abarque un apoyo integral a la resolución de casos de desaparición forzada, y cuando digo integral me refiero a una política de Estado que judicialice todos los casos que se denuncian ante comisiones o sistemas judiciales, ante entes internacionales”, indicó.

Otro vacío del Estado, según el catedrático, es que no hay controles ni unidades de investigación patrimoniales autónomas en México, en nueve de cada 10 casos hay motivaciones políticas y económicas detrás de las desapariciones forzadas.

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