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A casi un año de que la PGR centró sus investigaciones en el basurero de Cocula, —donde presuntamente los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados— el sitio se encuentra en el abandono, sin vigilancia, y a donde casi cualquier persona o animal puede entrar.

De acuerdo con fuentes de la PGR, debido a que se terminó la investigación en ese lugar, ya no es necesario mantener la cadena de custodia en el basurero de Cocula.

No obstante, tras conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no encontró evidencia científica para señalar que los estudiantes fueron incinerados, autoridades federales señalaron que regresarían al basurero; a la fecha no han regresado.

El pueblo de Cocula sigue fuertemente custodiado por elementos del Ejército, la Gendarmería Nacional y la Policía Estatal.

En la plaza del pueblo, una cuadrilla de trabajadores pinta el adoquín de color rojo. Uno de ellos señala: “Aquí no fue, ya lo sabía el pueblo, no tenía nada que esconder. La gente se sentía agüitada porque salieron a nivel nacional e internacional”.

Para llegar al basurero, el sinuoso camino de 5 kilómetros de la cabecera municipal hasta lo más alto de la loma es vigilado por fuerzas federales y estatales que patrullan la zona.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido junto con la Gendarmería Nacional, donde sólo sus unidades 4x4 o camionetas blindadas pueden llegar.

A casi un año del trágico suceso, el basurero luce desierto y sin vigilancia, no queda nada de los tendidos o líneas que realizaron los forenses y peritos de la PGR, así como del equipo argentino de Antropología Forense que colaboró con las autoridades federales para buscar evidencias sobre el paradero de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.

Aunque desde hace seis meses se retiraron los puntos de control y vigilancia, el camino sigue patrullado por fuerzas federales y estatales.

El suelo esta reblandecido por las intensas lluvias de la época, lo cual dificulta el ascenso, sobre todo a vehículos pequeños, pero al llegar al final de la brecha, están los terrenos donde algunos ejidatarios llevan a pastar a su ganado o caballos.

A simple vista no queda evidencia de que haya existido un enorme fuego que duró 16 horas y cuya temperatura alcanzó los mil 500 grados centígrados, como señala la investigación del ex procurador Jesús Murillo Karam.

En la parte baja de la cañada, a unos 50 metros al fondo, donde realizaron el barrido de la zona, prácticamente la naturaleza ha pasado por encima de ella. De la supuesta quema realizada por los integrantes de Guerreros Unidos, sólo del lado izquierdo de la cañada se ve una mancha de ceniza color negro, junto a un pedregal, pero no hay mayor rastro de un incendio.

Cocula se ubica a 20 kilómetros al oriente de Iguala; es uno de los municipios que une a la Tierra Caliente con las zonas norte y centro del estado.

El municipio se encuentra en una de las rutas que usan los grupos criminales para el trasiego de droga, principalmente de amapola y mariguana. Fue la zona de operación de Gildardo López Astudillo, El Gil, prófugo de la justicia y a quien se le busca como autor material de la desaparición de los normalistas.

En febrero pasado, el equipo argentino de Antropología Forense que trabajó junto con la Procuraduría General de la República en el basurero municipal, advirtió una serie de irregularidades dentro de la búsqueda de evidencias que dieran con el paradero de los normalistas.

Los argentinos y la PGR debían colaborar en todas las diligencias periciales de búsqueda. Sin embargo, a fines de noviembre de 2014, los argentinos conocieron de una diligencia en el basurero de Cocula, efectuada el 15 de noviembre del 2014 por peritos y ministerios públicos de la PGR.

En la diligencia, señala un comunicado, peritos de la PGR recogieron evidencia de 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos sin haber avisado ni contar con la presencia de los argentinos.

Los extranjeros plantearon esta “seria irregularidad” en una reunión con el entonces procurador Murillo Karam, en presencia de su equipo de trabajo y abogados de los familiares. A comienzos de diciembre de 2014 solicitaron considerar excluir o evaluar la legalidad de la evidencia recuperada en esa oportunidad por la PGR en el basurero.

Otra de las irregularidades reportadas es que el basurero de Cocula se encontraba sin custodia de seguridad pocos días después de terminar las tareas de ambos equipos de peritos de Argentina y la PGR en el basurero de Cocula, “el equipo extranjero tomó conocimiento de que el sitio quedó completamente abierto al público”.

Los forenses argentinos se reunieron el 27 de noviembre de 2014 con directivos de la PGR y solicitaron la custodia permanente del basurero de Cocula. En esa reunión, la PGR confirmó que al menos entre el 7 y el 27 de noviembre de 2014 no hubo vigilancia del sitio.

El equipo argentino también advirtió que no estuvo presente y no recibió aviso cuando buzos de la Marina y de la PGR hallaron una bolsa de plástico en el Río San Juan, con “fragmentos”, donde una de las muestras identificó al normalista Alexander Mora Venancio, presuntamente uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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