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Maestros de la Ceteg y adheridos al Movimiento Popular Guerrerense tomaron ayer la alcaldía de Tixtla, en demanda de la presentación de los 43 normalistas y en protesta por la presunta represión que sufrieron por policías antimotines estatales.
En la víspera seguía tomada la alcaldía y los quejosos advirtieron que no detendrán su movimiento para exigir, además, que el gobierno derogue la reforma educativa y cancele los exámenes de evaluación porque aseguran que son punitivos y va a traer como resultado miles de maestros despedidos.
Los integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, junto con maestros, estudiantes y algunos padres de familia, acordaron que este jueves realizarán una marcha desde las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa rumbo a Chilpancingo. Dijeron que romperán el retén policiaco ubicado a la entrada de esta capital y responsabilizaron de lo que pueda ocurrirles al gobernador.
Libre manifestación, pero sin transgredir. El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, advirtió que se aplicará la ley frente a acciones de violencia, luego de que el pasado martes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de los 43 normalistas desaparecidos se enfrentaron con policías estatales, dejando un saldo de 11 agentes lesionados.
El zafarrancho, en el que salieron a relucir piedras y palos, ocurrió cuando policías estatales, en coordinación con federales, impidieron el paso a los manifestantes que pretendían tomar la carretera de Tixtla a Chilpancingo, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.
En entrevista con Adela Micha, Ortega aseveró que su gobierno no reprime manifestaciones, sino que sólo aplica la ley; hizo énfasis en que todas las personas tienen derecho a la libre manifestación, pero no a circular con artefactos que ponen en riesgo tanto su vida como la de terceros.
Aseguró que la estrategia de diálogo sigue, pero la de la tolerancia extrema ya llegó al límite. “Ya ni bloqueo de calles, ni bloqueo de autopistas, ni acciones de radicalización y de violencia en contra de edificios públicos o en contra de particulares”, advirtió.
El mandatario guerrerense refirió que “la Policía Estatal interviene siempre con los protocolos legales establecidos, acompañada por un notario público, un agente de la Fiscalía y un representante de la Comisión de Derechos Humanos”.
Anulan comicios en Tixtla. Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la anulación de las elecciones municipales de Tixtla, donde el 7 de junio familiares de los normalistas y el magisterio llevaron a cabo robo y quema de papelería electoral como parte del “boicot” al proceso.
Por unanimidad, los magistrados resolvieron que en ese ayuntamiento se vulneraron los principios constitucionales, al no instalarse 24 de 50 de las casillas programadas, es decir, 44%, además de que se presentaron hechos que impidieron el libre sufragio.
El PRI y el PVEM, que habían ganado la elección con Saúl Nava, habían solicitado al TEPJF aplicar el mismo criterio que adoptaron en agosto al resolver la elección distrital en Santiago Pinotepa, Oaxaca, donde también por boicot se impidió la instalación de casillas. El TEPJF validó las elecciones en seis distritos federales aunque no se instalaron 20% o más de las casillas o no se recibió votación.
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