EU: En México, hay impunidad ante violación de DH

La impunidad por la violación de los derechos humanos persiste en México con muy bajos índices de enjuiciamientos o rendición de cuentas en todas las modalidades del crimen,  asegura el reporte anual 2014 en materia de derechos humanos del Departamento de Estado de EU. 

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, pidió a los líderes políticos mirar objetivamente este reporte,  adelantándose a las molestias que el documento puede causar en la sensible piel de muchos gobiernos ("incluidos algunos con los que trabajamos muy estrechamente").

"Mi consejo, para cualquier líder que está molesto por estos hallazgos, es realmente examinarlos, observando las prácticas de su país y reconocer que la mejor forma de cambiar lo que piensa el mundo y la forma de evitar estos juicios es cambiar lo que está ocurriendo en sus propios países", dijo Kerry.

"Y este es un consejo que nos damos a nosotros mismos. Y no podríamos ser más humildes teniendo en cuenta el ambiente de revuelta y encono racial en EU", añadió.

A diferencia del informe del 2013, donde el reporte tuvo un énfasis en la preocupación por el surgimiento de las autodefensas en los estados de Michoacán y Guerrero, en esta ocasión los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa se presentan como ejemplos de que en México ha sido incapaz de escapar de su pasado violento y que los abusos y la violación a los derechos humanos, a
manos no solo del crimen organizado, sino también de las fuerzas militares y policiales, son la mejor prueba de ello:

"Hubo numerosos informes de que el gobierno, o sus agentes, perpetraron asesinatos arbitrarios o ilegales, a menudo con impunidad", se establece en el informe al hablar del elevado grado de corrupción e impunidad que sigue existiendo a nivel estatal y local.

Pero, además, añade el informe, "los grupos delictivos organizados también fueron responsables de numerosos asesinatos, a menudo actuando con absoluta impunidad y en alianza con las fuerzas de una autoridad local o estatal corruptas, y funcionarios de seguridad", sostiene el informe en alusión a casos como el de Ayotzinapa.

El informe de 40 páginas que la Oficina para Derechos Humanos y Democracia del Departamento de Estado dedica a México, es un compendio de los crímenes que han puesto contra la pared al gobierno de Enrique Peña Nieto y de los rezagos que siguen lastrando las reformas en materia de seguridad y judicial en buena parte de la República Mexicana.

En este sentido, el incidente del 30 de junio de 2014 en la localidad del Tlatlaya, en el Estado de México en el que 22 presuntos delincuentes murieron tras un enfrentamiento con soldados que en este momento se encuentra en los tribunales para determinar si los militares asesinaron a los civiles, o si actuaron legítimamente, así como la desaparición de 43 estudiantes de la escuela
normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, se presentan como dos casos en los que la violencia e impunidad desde las fuerzas armadas, y los abusos y la connivencia entre autoridades locales y estatales con el crimen organizado, demuestran que la lucha por los
derechos humanos y el Estado de Derecho siguen dejando mucho que desear.

A manera de descargo, el informe del Departamento de Estado reconoce que en las investigaciones para esclarecer estas dos tragedias, el gobierno de México aceptó en las pesquisas el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, si bien reconoce el interés del gobierno en entrenar a sus fuerzas armadas y policiales en el terreno de los derechos humanos, los logros son más bien de carácter limitado.

El reporte hace un reconocimiento, sin paliativos, al hecho de que el gobierno mexicano haya retirado en julio de 2014 sus reservas al capítulo 9 de la Convención Interamericana para poner fin así al fuero militar en casos de desaparición forzada.

En un informe marcado por los claroscuros, el reporte también se hace eco del informe presentado en mayo de 2014 por el relator especial para casos de tortura de la ONU, Juan Méndez, según el cual la práctica de la tortura seguía siendo un serio problema por culpa de "irregularidades dentro del sistema judicial".

El reporte, que provocó un duro desencuentro entre el gobierno de México y el relator de la ONU, reaparece en el informe anual del Departamento de Estado acompañado con cifras y estadísticas que refuerzan la percepción de que la tortura sigue siendo una práctica sistemática a pesar de que México ha hecho oficial su adhesión al Tratado de Estambul contra la tortura:

"En septiembre (2014), Amnistía Internacional informó que a pesar de que  las quejas de tortura se redujeron en más de un 28 por ciento desde 2012 hasta 2013, la cifra se incrementó hasta en un 600 por ciento si se revisan las estadísticas desde 2003 y hasta 2013".

El reporte sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo en general y México en particular hace también una mención a la condición de las cárceles donde el tratamiento es "a menudo duro y peligroso para la vida, sobre todo en las cárceles a nivel estatal, debido a la corrupción, al hacinamiento, al abuso de prisioneros, al alcohol y la adicción a las drogas, y a la pérdida de seguridad y control".

De igual forma, el informe anual vuelve a mencionar el ambiente de persecución y violencia que sufren los periodistas en México, donde el crimen organizado los ha convertido en blanco de secuestros o de la violencia más brutal para limitar la libertad de expresión.