Reforma no afecta modelo: expertos

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Para terminar con la sensación de impunidad que genera el Sistema Penal Acusatorio, especialistas y abogados consideran que se deben hacer reformas estructurales urgentes, las cuales no deben afectar la esencia de modelo acusatorio, para esto se necesita capacitar a los Ministerios Públicos, a las policías locales y a los jueces.

Explican que los jueces deben ser más sensibles y contar con una mejor preparación, puesto que aunque se busca que la cárcel sea el castigo máximo, se debe establecer que los delincuentes en ocasiones utilizan las lagunas legales para burlar la ley y en otros casos sí se debe privilegiar la libertad de un imputado.

La libertad de un imputado, acusan, debe ser en casos especiales, no en todos, por ejemplo, se debe analizar el antecedente de un sospechoso y en base a eso determinar si amerita cárcel inmediata. Detallan que los delitos como robo con o sin violencia, debe ameritar prisión preventiva, porque es uno de los que más afecta a la ciudadanía.

Sugieren a las autoridades que ahora que se implementó la reforma, se fortalezca y que la difundan, puesto que el ciudadano de a pie no tiene una idea del proceso y sólo se entera que un imputado alcanzo la libertad sin entender la esencia del sistema acusatorio.

“El problema principal es que la ciudadanía no conoce bien a bien el proceso, entonces, los encargados de la justicia deben difundir todo el proceso en medios de comunicación para que se entienda, para que sepan cuáles son los beneficios, el ahorro de tiempos y recursos. El otro punto primordial es la consolidación, ahora que se implementó lo deben de apoyar y buscar su consolidación.

“Esto viene con una mejor preparación y capacitación de los jueces, policías, ministerios públicos y también, se deben sancionar más los delitos que más se cometen y los que afectan al ciudadano de a pie”, dijo la doctora Ariadna Salazar, profesora investigadora del INACIPE.

Gabriela Rojas, abogada experta en el sistema acusatorio, detalla que tardaría hasta tres años en que los juicios orales sean asimilados tanto por las autoridades como por los ciudadanos.