Piden ampliar reglas para evitar conflicto de interés

Congresistas federales consideraron que es necesario ampliar la legislación y transparencia en materia de conflictos de interés, a propósito del reportaje “Legisladores hacen negocio con el gobierno”, publicado ayer por EL UNIVERSAL.

El priísta César Camacho Quiroz dijo en entrevista con este diario que para evitar suspicacias “hay que le- gislar y transparentar con abundancia actividades de esa naturaleza”.

También informó, en relación a la empresa Estrategia Integral Consultores SA de CV, mencionada en el texto referido, que el 19 de enero de 2015 se separó del Consejo de Administración y vendió su capital accionario.

Luego de la salida de Camacho Quiroz, la compañía ha mantenido negocios con gobiernos estatales y municipales, con los que ha firmado contratos por 7.75 millones de pesos, según la revisión de informes patrimoniales realizada por este diario.

El diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social (PES), encomió “el estricto apego a los principios de transparencia” y “el compromiso irrenunciable con el bien público” que, estableció, rigen su conducta.

Recalcó que no tiene relación alguna con la empresa ITRIO Arquitectos SA de CV, que se menciona en el reportaje citado. El legislador señala que familiares suyos forman parte de esta compañía, pero aclara que él no interviene en la operación de la misma.

En los últimos años, ITRIO Arquitectos SA de CV ha celebrado diversos contratos millonarios con gobiernos estatales y municipales.

El senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, explicó que no es socio de las empresas Zureco de Oaxaca SA de CV ni de Zureco de Chiapas SA de CV, mencionadas en el reportaje.

El legislador aseguró que no existe relación accionaria entre ambas compañías. Dijo que Zureco de Oaxaca pertenece a sus padres.

El senador Zoé Robledo (PT) confirmó que forma parte del Consejo de Administración de Digital Media Monitoring SA de CV desde que la fundó en 2008, pero aclaró que desde 2010 su participación no es remunerada.

“Me queda celebrar la investigación del periódico EL UNIVERSAL, una muestra de que la batalla por la transparencia avanza y que cada vez serán menos los espacios para que funcionarios hagan negocios desde sus cargos”, agregó el legislador.

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) dijo que la empresa Video Grylm, del senador Ricardo Urzúa, tuvo un contrato por 100 mil pesos, y no por un millón 101 mil pesos. Esta última cifra, como se explica en el texto publicado, deriva de la suma con otro contrato, suscrito por otra empresa del mismo legislador, con otra dependencia.