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Padres de los 43 normalistas desaparecidos y su representante legal temen que los hechos del 26 de septiembre de 2014 queden impunes si los detenidos obtienen su libertad por haber sido víctimas de tortura.

En relación a la nota publicada ayer en EL UNIVERSAL, en la que se señala la posibilidad de que los detenidos sean puestos en libertad por una posible violación al debido proceso al comprobarse la tortura en su contra, Vidulfo Rosales, vocero y abogado de los padres de las víctimas advirtió sobre el riesgo de que el caso no sea resuelto.

“Eso evidencia las inconsistencias de la línea de investigación del basurero de Cocula, también da la razón a los padres de familia de la necesidad de avanzar, de mantener abiertas, de ahondar y profundizar en las cuatro líneas de investigación que estamos exigiendo”, comentó.

Explicó que las cuatro líneas de investigación que exigen involucra la probable participación en la desaparición de elementos del Ejército del 27 de Batallón de Infantería.

Una segunda exigencia va encaminada a la detención inmediata de los policías federales y municipales de Huitzuco. Además, se pide investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago como probable móvil del ataque contra los jóvenes. La cuarta línea es que la indagación sobre la telefonía celular de los detenidos y oficiales, presuntamente involucrados, avance.

La nota publicada por EL UNIVERSAL destaca que el informe del ex Visitador General de la Procuraduría General de la República (PGR), César Chávez, señala que las investigaciones encabezadas por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tuvieron distintas irregularidades.

El informe fue desechado bajo el argumento de que no se trataba de un documento oficial, y aunque la ahora Visitadora General emitió la resolución, consideraba que Zerón tuvo faltas administrativas.

Por ello, agregó impugnaron la decisión. “Tenemos el amparo que interpusimos ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa para que revise esa resolución que rasuró injustamente el informe de César Alejandro Chávez”, informó.

Padres de los jóvenes mantienen, desde el 20 de abril, un plantón afuera de la PGR; Alfredo Higuera, fiscal del caso Iguala, y Sara Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, acudieron al plantón para invitarlos a retomar el diálogo, sin tener éxito.

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