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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas fueron destituidos por actos de coacción a beneficiarios del programa Prospera el pasado sábado en el informe de actividades del senador chiapaneco Roberto Albores.
En un comunicado, la dependencia federal detalló que se trata de los funcionarios Héctor Augusto Rivera Ordóñez, Pamela Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez y Priscila Cruz Chávez, quienes se desempeñaban en la Coordinación del Programa de Inclusión Prospera, en el estado de Chiapas.
La Sedesol señaló que la destitución se determinó como resultado de las investigaciones realizadas con base en los reportes de las propias beneficiarias de Prospera, que conforman la Contraloría Social, y las informaciones difundidas por medios de comunicación.
“La Secretaría de Desarrollo Social reitera que en la operación y administración de los programas sociales se conduce y conducirá con apego a la ley, a fin de evitar que en lo sucesivo se repitan este tipo de acciones”, indicó.
La Sedesol agregó que se seguirán fortaleciendo en todo el país los mecanismos de control y vigilancia a través de los Comités de Contraloría Social, que desarrollan tareas de seguimiento y vigilancia de los recursos que reciben las titulares.
El pasado sábado 22 de abril, beneficiarios del programa federal Prospera de diferentes regiones de Chiapas denunciaron que fueron condicionados a acudir al informe de actividades del senador del priísta Roberto Albores Gleason.
El acto político se realizó en el estadio Víctor Manuel Reyna, adonde llegaron cientos de personas en autobuses y vehículos colectivos, algunos identificados con las iniciales del legislador chiapaneco.
Los reporteros locales Nehemías Jiménez y José David Morales denunciaron que personal del equipo de seguridad los retiró por la fuerza del estadio.
Los periodistas acudieron a interponer una denuncia por los agravios ante la Fiscalía Metropolitana, en la que consignaron que fueron sometidos cuando tomaban testimonios de las “irregularidades y el acarreo de personas, quienes fueron condicionadas por el programa federal Prospera para acudir al informe del priísta”.
En un video, Morales denunció: “Nos mantuvieron durante más de una hora incomunicados; estuvimos en el baño, nos quitaron nuestro equipo: teléfono, cámara, memoria; nos amenazaron de muerte y nos dijeron que nos iba ir muy mal. Nos obligaron a cortar las transmisiones”.
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