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La Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que el contrato de arrendamiento vehicular, por el cual el organismo comprometió 935.4 millones de pesos en cuatro años, está subutilizado y representa un elevado costo por servicios que no usa.

El contrato con la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., para proporcionar el “Servicio integral para arrendar y administrar el parque vehicular que requiere el INE 2015-2018” fue suscrito para la renta de mil 96 unidades y fue observado por la Contraloría en 2016 al señalar que hubiera salido al INE más económico —hasta 53%— comprar los vehículos que rentarlos.

Tras dos años de operación, la Contraloría auditó la gestión del contrato tanto en oficinas centrales como en órganos delegacionales del INE, y determinó que aunque en el contrato se establece un servicio de call center y un “Sistema de Administración y Monitoreo Vía Remota” para la administración de los vehículos, con costo de 13.53 millones de pesos, no se ha hecho uso de éstos.

“Ninguna de las unidades responsables auditadas utilizó” esos servicios, por lo que los costos “no significaron un beneficio real para el instituto”.

También detectó deficiente supervisión del cumplimiento del contrato. Así, aunque éste garantiza el reemplazo de neumáticos con más de 40 mil kilómetros recorridos, en las oficinas centrales del INE se constató que no hay tal cambio.

En los órganos del INE en las entidades del país la situación hallada fue similar, sin que algún área del instituto promoviera la aplicación de penalizaciones, deducciones, devoluciones y en cambio hubo “pagos presuntamente en demasía”.

“Se observaron incumplimientos contractuales referentes a cantidad, características técnicas, desfases en la entrega, atención oportuna y mantenimientos de los vehículos arrendados. Los formatos referentes a la recepción, control y mantenimiento del parque vehicular arrendado no se encontraron debidamente complementados”, informó.

Incluso, previo a la contratación, en 2015, de acuerdo con la Contraloría, no hubo estudio de factibilidad sobre “la conveniencia del arrendamiento por encima de la adquisición. “No se proporcionó documental que acreditara que se realizó una detección de necesidades y requerimientos reales de cada unidad responsable, a fin de justificar el total de vehículos considerados en las bases”.

Así, en 2016 “el instituto solicitó 413 vehículos adicionales, para alcanzar los mil 350 autos arrendados”.

Por eso la instancia revisora determinó que hubo omisiones, se contrató sin que se haya comprobado justificación y hoy hay “deficiencias en la supervisión de su cumplimiento; subutilización del mismo y un elevado costo erogado para disponer de servicios que no fueron utilizados”.

Compras de pánico. Una muestra de la holgura presupuestal, estableció, fueron “las compras de último momento que se efectuaron en noviembre y diciembre de 2016, que implicaron el ejercicio de 569.6 millones de pesos”, con el fin de “disminuir las altas disponibilidades” y no incurrir en subejercicio.

“El 36% de los montos contratados por el instituto durante el año pasado se realizó en esos últimos dos meses del año”, estableció.

También se detectó ausencia de planeación en el fallido plan de construcción de las dos torres gemelas del INE que serían su nueva sede.

La auditoría al contrato para el estudio técnico y trámites para la constitución de un Polígono de Actuación para el Conjunto Tlalpan halló que dado que se carecía de plano catastral actualizado, tuvo que gestionarse igual que la rectificación de las medidas y colindancias del predio y no se consideró que la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México tenía 90 días hábiles para responder.

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