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El coordinador del PT en el Senado, Manuel Bartlett Díaz, sostuvo que está probado que la presencia militar en los estados no disminuye la violencia, y advirtió que aprobar una Ley de Seguridad Interior, a lo cual se perfilan las dos cámaras del Congreso, militarizaría al país, y alejarían el retorno de las fuerzas armadas a los cuarteles.
Bartlett Díaz propone modificar las facultades constitucionales del Presidente de la República para que pueda disponer de las fuerzas armadas, en el ámbito interno sólo en tres supuestos: en situación de suspensión de garantías; para intervenir por siete días en las entidades cuando haya trastorno interior, y en programas de protección civil, campañas de salud y educativas.
Incluso en las actividades de apoyo a la sociedad, los militares actuarían sin armas y subordinadas a las autoridades civiles, esto es, al Ejecutivo federal, al Congreso de la Unión, al poder Judicial federal, y al resto de los niveles de gobierno y órganos constitucionales”.
Como contrapropuesta a los proyectos del PRI y del PAN que ya revisan iniciativas de Ley de Seguridad Interior, Bartlett Díaz, presentó en la sesión del jueves pasado una iniciativa de reformas a la fracción IV del artículo 89 de la Constitución, y que deroga la fracción XXIX-M, del artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso a expedir leyes en materia de seguridad nacional.
“En una democracia constitucional el último garante de la seguridad nacional es el propio pueblo y el Tribunal Constitucional, y no las fuerzas armadas”, dijo Bartlett.
La iniciativa que ya se encuentra en comisiones del Senado, prevé el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, en tres meses, a partir de la entrada en vigor de la reforma, y las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán asumir de manera plena sus responsabilidades de seguridad pública, y las que no puedan reasumirlas de manera íntegra, lo comunicarán al Ejecutivo para que éste inicie un procedimiento de suspensión de garantías, y se lleve al gobernador a juicio político.
Con esta reforma quedarían sin sustento constitucional los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública, suscritos con los Estados Unidos.
En los artículos transitorios, la iniciativa plantea constituir una Comisión de la Verdad, con cinco integrantes de elección popular, que se ocupen de investigar los actos y omisiones relacionadas con violaciones a derechos humanos.
El proyecto de Bartlett, que también fue firmado por Layda Sansores Sanromán, Ana Gabriela Guevara, David Monreal y Manuel Merino, fija un plazo de dos meses, una vez que entre en vigor la reforma para que el Congreso apruebe reglas y procedimientos constitutivos de un sistema de profesionalización policial.
Afirmó el senador Bartlett que aprobar la Ley de Seguridad Interior que plantean PAN y PRI en sendos proyectos, “es un ataque a la libertad de la nación”, pues permitiría que los militares tuvieran facultades de investigación y de espionaje.
“Nosotros no estamos contra las fuerzas armadas –aclaró--, queremos que actúen en el marco constitucional y que regresen a los cuarteles”.
Además, “las fuerzas armadas no son el problema, ya que siempre se han distinguido por su nacionalismo, patriotismo, sentido social y popular”.
Sin formular referencias a una iniciativa de Ley de Seguridad Interior del PRD, Bartlett sostuvo que los proyectos del PRI y PAN, van contra los artículos 21 y 129 de la Constitución, dado que “la seguridad pública es tarea de civiles y el Congreso carece de facultades para legislar un ordenamiento como el que ya se estudia.
