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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la Open Society Foundation México para ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) que abra los datos sobre las investigaciones relacionadas con el periodo conocido como "guerra sucia".
El proyecto para resolver el amparo en revisión fue realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán, y aprobado por la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala de la Corte.
La ministra Margarita Luna Ramos consideró que si bien por tratarse de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad la información debe ser pública pero que los datos personales de las víctimas no deben ser públicos al estar protegidos por la Ley en materia de Protección de Datos Personales.
“Yo coincido con la parte en donde determina que cuando se trata de información sobre delitos de lesa humanidad sí prevalece el criterio de máxima publicidad, sin embargo, está también en contraposición el derecho reconocido por la constitución en materia de datos personales y al solicitar el nombre de las personas, en mi opinión, son datos personales que al final de cuentas tendrían que consultarse con las personas que fueran sobrevivientes de esa época para poder determinar si están de acuerdo o no en la publicidad”, dijo durante la sesión de este miércoles.
En consecuencia, el fallo confirmó el amparo otorgado para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordene a la PGR revele los nombres de las víctimas de cada una de las 135 averiguaciones previas concluidas relacionadas con la guerra sucia durante los años 70 y 80.
En diversas solicitudes de información sobre datos de este periodo la PGR ha respondido que no cuenta con ella en sus archivos.
En diversos recursos de revisión ante el INAI la Procuraduría reconoció que el envío de los datos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) a la Dirección General de Investigaciones presentó irregularidades y hay expedientes que se quedaron en la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN).
Los archivos que manejó la Femospp incluyen información reservada en poder de la Secretaría de Gobernación (Segob) y resguardada en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en su archivo histórico.
También mil 653 legajos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 15 expedientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y dos más de la Dirección General de Derechos Humanos.
La información de la Galería Uno del AGN es considerada parte del archivo histórico confidencial y sólo podrá ser público 30 años después de su creación y, de contener datos personales sensibles, el plazo puede llegar a durar hasta 70 años.
EL UNIVERSAL informó que este periodo duró de 1969 a 1999 en el que se registró la desaparición forzada de aproximadamente 480 personas en 17 entidades.
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