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El presidente la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), urgió a los gobiernos federal y estatales a trabajar de manera coordinada con las y los presidentes municipales a fin de proteger y fortalecer su labor.

El objetivo, explicó el perredista, es que los alcaldes dejen de ser el “eslabón más débil” de la cadena de mando del país ante la escalada de violencia que ha derivado en la muerte de más de una decena de alcaldes, ex alcaldes, regidores y síndicos, en lo que va del año.

El legislador planteó la posibilidad de integrar a las distintas organizaciones de municipios en las acciones que se toman desde la Conferencia Nacional de Gobernadores, a través de la Comisión Técnica de Seguridad y Justicia, para encontrar esquemas que
coadyuven a fortalecer a los más de 2 mil 400 municipios del país.

Lamentó que se considere “de alto riesgo” ser presidente municipal en México, y refirió que, ante una cifra estimada de 84 autoridades locales asesinadas en la última década, la Asociación Nacional de Alcaldes anunció su intención de buscar más presupuesto en seguridad rumbo a 2017 y que la Secretaría de la Defensa Nacional auxilie a sus policías con armamento nuevo.

Zambrano Grijalva planteó que se debe trabajar en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública), porque “llegan los recursos a los estados, los toman los gobernadores, y no los aterrizan a los municipios. Se los quedan. Si ya de por sí es débil el eslabón municipal en materia de seguridad, los estamos debilitando todavía más exponiéndolos cuando estos recursos no les llegan”, recalcó.

Dijo que lo preocupante es que los asesinatos recientes contra alcaldes de Pungarabato, Guerrero, y San Juan Chamula, Chiapas, se dan en un escenario en el que algunos de los hilos de gobernabilidad parecen estar en entredicho por las acciones de la CNTE, los reclamos del sector empresarial y la molestia creciente de la sociedad:

“No nos encontramos ante un Estado fallido, pero sí ante el riesgo de que se pierdan los hilos de gobernabilidad y empiece a generarse la percepción de que es el momento en que todo mundo puede hacer lo que le venga en gana, al cabo que no hay autoridad que se lo impida y le ponga un alto”.

El perredista aseguró que se debe mantener la vigencia del Estado de derecho, con diálogo para resolver los conflictos por la vía pacífica y, excepcionalmente, cuando así se requiera, con el uso de la fuerza punitiva y legítima del Estado.

“Al percibirse que hay una autoridad nacional débil o por lo menos con la insuficiente capacidad para resolver estos conflictos, parece estarse empezando a apreciar una ausencia de gobierno y se sienten con la libertad de actuar sobre las autoridades municipales, tal como se vio en los casos recientes de San Juan Chamula y el del alcalde de Pungarabato”, dijo.

Por ello, es importante que los reclamos de la CNTE se canalicen institucionalmente, y que todo contribuya a la solución institucional del conflicto, sin daños a terceros ni el uso de la fuerza. “Si no, este país se nos puede empezar a desmoronar”, advirtió.

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