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El presidente Enrique Peña Nieto promulgará el próximo miércoles el primer paquete de siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cinco días después de que fueron aprobadas por el Congreso.

El Ejecutivo ha convocado a los legisladores de todos los partidos para asistir a la ceremonia de promulgación, con ello entrará en operación el nuevo andamiaje legal para combatir este problema en el país.

No obstante, la senadora independiente Martha Tagle exhortó al presidente Enrique Peña Nieto a escuchar las voces de la sociedad y tomar la oportunidad de devolver su esencia a la iniciativa, por lo que pidió vetar los artículos 29 y 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Llamó a “no quitar el dedo del renglón, se requiere del seguimiento puntual de la ciudadanía para el correcto funcionamiento del sistema”.

Tagle Martínez precisó: “Es necesario destacar que la capacidad de movilización que tuvo la ciudadanía para empujar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es un recordatorio para quienes nos desempeñamos en la función pública de que la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de exigirnos cuentas”.

El senador del PAN, Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que la facultad de veto es exclusiva del Presidente de la República, pero se tendrá que analizar el caso del artículo 29 con respecto a la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

“Fue un tema de clamor nacional en contra de los senadores del PRI que votaron en contra de que las declaraciones 3de3 [fiscal, patrimonial y de interés] no quedaran en sus términos que a fin de cuentas es la esencia del sistema, eso fue lo que dio origen a que se creara un Sistema Nacional Anticorrupción”, destacó.

Dijo que “ojalá” el Presidente tome una determinación, “pero en Acción Nacional seremos respetuosos de la facultad de veto presidencial”.

Yunes Márquez explicó que si se llegaran a vetar estos artículos, en nada se afectaría el funcionamiento del SNA, pues sólo se trata de dos artículos de una de las siete leyes.

Este reclamo también lo han expresado organizaciones como Transparencia Mexicana y la Red de Rendición de cuentas, las cuales han solicitado cambiar los artículos 29 y 32 de esa ley porque la redacción aprobada por el Legislativo nunca estuvo en la iniciativa original.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, habló de tres posibles escenarios para modificar la ley: que el Congreso presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que el legislativo presente una nueva iniciativa para corregir, y el veto presidencial.

Urgen parlamento abierto. Martha Tagle aseguró que “el Parlamento Abierto” es necesario para evitar “sorpresas” como el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que incorpora a la responsabilidad de las declaraciones públicas 3de3 a los particulares que contraten con el gobierno.

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