Urge PRD a acelerar ley contra la desaparición

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El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda (PRD), urgió a las comisiones legislativas encargadas de dictaminar y a los grupos parlamentarios, trabajar para tener lista a la brevedad posible la Ley General Contra la Desaparición Forzada.

Lo anterior, dijo, con el fin de cumplir con el compromiso que tiene el Congreso de la Unión para que el dictamen en la materia esté listo los primeros días de febrero, cuando arranque el próximo periodo ordinario, a fin de ser aprobada por el pleno camaral.

El legislador del sol azteca comentó que aunque haya receso legislativo, las comisiones están obligadas a trabajar en los dictámenes para que haya materia de discusión, y una vez empezado el periodo, aprobarlo.

Alejandro Ojeda aseveró que debe ser un propósito insoslayable de todas las fuerzas políticas del país el concretar esta ley reglamentaria que le da normatividad a la reforma que se hizo al artículo 73 de la Constitución.

Mencionó que dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de julio de 2015, contando con 180 días a partir de la entrada en vigor de la misma para elaborar la ley reglamentaria correspondiente, tiempo que se cumple el 6 de enero de 2016.

“La intención fundamental de esta legislación es proteger a toda persona contra el delito de desaparición forzada, así como la implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y criterios para sancionar este delito, además de la protección y asistencia a las víctimas y testigos”, recordó.

Sin desconocer que en el Senado y en la Cámara de Diputados se han promovido otras iniciativas sobre este tema, Ojeda mencionó que anteriormente impulsó junto con el presidente de la Cámara Baja, Jesús Zambrano, una propuesta que pretende que el tema de las desapariciones forzadas vuelva a ser prioritario en la agenda.

El integrante de la bancada del PRD mencionó que su propuesta considera la creación de fiscalías especializadas en la desaparición forzada de personas y a manos de particulares, una a nivel federal y una por cada estado de la República, así como la implementación de un registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas.

Hizo énfasis en que cualquier investigación debe partir de la no criminalización, “las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de las víctimas o familiares ni tratarlas en ningún caso como sospechosas o responsables de la comisión de los hechos que denuncie”, asentó.

La ley también obligaría al Estado a la reparación integral del daño para las víctimas y familiares sin importar sus nacionalidades, así como a garantizar la seguridad física y sicológica de los defensores de derechos humanos, organizaciones, testigos y grupos que se encuentren en riesgo.