En el Poder Judicial no hay espacio para la corrupción: Ministro Aguilar

En el Poder Judicial de la Federación no hay ni habrá espacio alguno para la corrupción, afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.

Nadie puede ni debe influir en las decisiones de los impartidores de justicia, sostuvo.

La justicia no es una labor burocrática, es el mejor antídoto contra la violencia, dijo el ministro Aguilar Morales, al rendir su primer informe de labores frente al presidente Enrique Peña Nieto.

Ante los plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró que los impartidores de justicia deben tomar como único referente la Constitución y defender los derechos que en ella se reconocen.

“Los jueces solo podemos atenernos a lo que la norma suprema nos exige y nos impone, más allá incluso de nuestras propias convicciones.

“Lo he dicho y lo reitero convencido, si un juez de cualquier nivel o competencia no es independiente es sólo un mandadero, un escribano de alguien, pero de ninguna manera un juez”.

La justicia, agregó el presidente de la Corte, no es un accesorio de la convivencia ni una labor burocrática.

“Impartición de justicia es un elemento fundamental de la convivencia social y del Estado Democrático de Derecho”, expuso.

“La justicia es el mejor antídoto contra la violencia, es la que se guía por la norma, es la que se guía por la prudencia, es la que se guía por el estudio y la serenidad”.

Aguilar Morales asentó que nadie puede sentirse un juzgador satisfecho si no está satisfecho ante sí mismo, si su conciencia no le permite saber que está cumpliendo con su deber y que está haciendo lo que el pueblo de México espera de él.

La Constitución, refirió el ministro, sigue brillando como el faro que debe regir la convivencia social y que debe orientar todos los actos de gobierno.

“Nada puede estar por encima de ella; nada puede estar por encima de los derechos que reconoce; nada puede interponerse entre las personas y sus libertades.

“Defender la Constitución es preservar el Estado de derecho. Defender la Constitución da fuerza a nuestra nación. Defender la Constitución es defender la dignidad humana, esa es nuestra labor”.

En su primer informe, Aguilar Morales reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y la implementación total de la impartición de justicia.

En materia de disciplina, con motivo de quejas, denuncias y procedimientos disciplinarios de oficio, en este año, fueron sancionados por la Comisión de Disciplina y por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 55 servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales, de los cuales 23 son magistrados y jueces, y 32 personal subalterno.

Las sanciones impuestas conforme a las normas aplicables van desde apercibimientos privados, amonestaciones privadas, suspensión por seis meses, inhabilitación por diez años, y tres casos de destitución.

En el caso del personal subalterno, también se impusieron sanciones semejantes, añadió.

Adelantó que próximamente se lanzará un sitio electrónico de consulta pública, a través del cual la ciudadanía podrá informarse, con mayor detalle del que ahora puede hacerlo, de las decisiones que en materia disciplinaria adopta el Consejo.

“Dado nuestro objetivo de propiciar, en el seno del Consejo, acciones colegiadas con los Consejeros para generar confianza de la ciudadanía y con ello la legitimidad de las decisiones que se adopten, castigaremos con energía toda conducta que sea contraria a los valores éticos, legales y judiciales a los que deben sujetarse los jueces y magistrados federales, así como todo integrante de este Poder del Estado.

“Que quede claro: en el Poder Judicial de la Federación, no hay ni habrá espacio alguno para la corrupción”.

Dijo que en materia de derechos humanos favoreció la creación de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos.

Participó además en la organización de la Semana de Acceso a la Justicia para las Mujeres y se sumó a la campaña solidaria para la igualdad de género denominada HeForShe.

“Se han conjuntado los esfuerzos de juzgadoras y juzgadores federales y locales, para hacer factible el análisis, diseño y aplicación de mecanismos para juzgar con perspectiva de género”, mencionó.

El Poder Judicial de la Federación, sostuvo, reconoce la labor de las mujeres en un plano de absoluta igualdad, pero sobre todo, impulsa a las mujeres hacia oportunidades reales de desarrollo profesional y personal, facilitando su acceso mediante el reconocimiento de la realidad social que las limita y que no se debe ignorar.

Para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad, “he ordenado que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lleve al cabo tanto el Proyecto de Inclusión para Niñas y Niños con Discapacidad, como el Proyecto de Mejoras Sustantivas en el CENDI Artículo 123 y la Estancia Infantil, para lo cual nos hemos asesorado de expertos y conocedores del tema”.

Con estas acciones, el CENDI y la Estancia Infantil de la Suprema Corte, se convertirán en el modelo de excelencia y de referencia para la inclusión para niños y niñas con discapacidad en todas las guarderías del PJF.

En tanto, señaló que a 191 días de que se implemente la reforma penal en todo el país, se logró que ya en Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala se trabaje con el Nuevo Sistema, y se trabaja para que el próximo 29 de febrero estén en funcionamiento salas de juicio oral en 9 entidades más, o sea en el Distrito Federal, estado de México, Nuevo León, Aguascalientes, Hidalgo, Colima, Tabasco, Quintana Roo y Morelos.

“Las salas de Justicia Oral Acusatoria son metas que más allá de su existencia normativa, son realidades materiales y concretas, inmuebles e instalaciones especiales que permitan satisfacer las necesidades de este nuevo sistema penal.”, mencionó.

Para junio próximo, adelantó, en todo el país habrá hasta 86 Salas de Juicios Orales, al menos una por cada entidad de la República.