Pensiones requieren una solución integral, señalan

Una investigación realizada por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República muestra que el sistema de pensiones en México requiere una solución integral, que incluya el análisis sobre el modelo de desarrollo de la economía nacional y permita una mejora real en las condiciones de todos los trabajadores.

En el informe se señala que en todos los diagnósticos nacionales e internacionales ha quedado claro que “el sistema actual no garantiza ingresos suficientes para fondear las pensiones” y que “se requiere subir la aportación para el retiro entre 13% y 15%”.

Sin embargo, acota el IBD en un cuaderno de investigación sobre “El contexto del Sistema de Pensiones en México y su discusión actual”, no existe aún una estrategia que permita a los empleados destinar una mayor parte de su salario para esta prestación.

Agrega que los trabajadores tienen los salarios mínimos más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina y, por otro lado, 58% de la fuerza laboral está en el mercado informal sin seguridad social y sin cotizar.

Apunta que en México el mercado laboral se caracteriza por su fragmentación, en donde un ocupado es contratado por un periodo de tiempo en el sector formal y después se ve obligado a pasar a la informalidad, con lo cual se puede presumir que existen cuentas de Afore que están inactivas por esta importante movilidad.

En el estudio, realizado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto, se menciona que más de una cuarta parte de los empleos generados son contratos eventuales —más de 1 millón— y que éstos han ganado espacio a lo largo del tiempo.

“Los especialistas señalan que la mayor generación de empleo eventual es el resultado del menor ritmo de crecimiento económico y de un mercado de trabajo inestable que no puede ofrecer seguridad laboral ni social, debido a la escasa productividad de la economía”, se muestra en la investigación.

Un ejemplo de la problemática se relaciona con los cambios fiscales que tienen que ver con el aumento en los costos de la nómina por la reducción en las deducciones de las prestaciones sociales que se otorgan a estas empresas.

El documento elaborado por el IBD considera probable que los ordenamientos jurídicos que rigen el sistema de pensiones sean sometidos a una nueva revisión, derivada de la propuesta de 2013 del Ejecutivo federal sobre la pensión universal, los cambios en la Ley del ISSSTE y las sugerencias de la OCDE.

Advierte que la propuesta de hacer del acceso a una pensión de retiro un derecho constitucional para todos los adultos mayores fortalecería el combate a la exclusión social de este grupo de población, “pero también conlleva mayores presiones sobre los contribuyentes cautivos del sistema fiscal”.

La OCDE, refiere la investigación, recomienda realizar cambios sobre el proceso de transición del sistema de beneficio definido al de contribución definida y cuentas individuales y aumentar el nivel de cotizaciones, entre otras medidas.

Según algunos especialistas en el tema, el objetivo principal de estas propuestas es disminuir el costo fiscal del sistema de pensiones para el erario público y el resultado final sería la reducción del salario real de los trabajadores al obligarlos a incrementar la cotización para el retiro, lo cual no impactaría de forma significativa el porcentaje de pensión del último salario que recibirían y tampoco aseguraría un retiro digno.