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El Consorcio Azucarero Caze, que encabeza Enrique Molina, manifestó su inconformidad porque el 24 de noviembre se licitarán los cinco ingenios que quedan de los nueve que le fueron expropiados durante la administración del ex presidente Vicente Fox.
Según expedientes a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la empresa argumenta que el gobierno no tiene la propiedad porque existen dos recursos de amparo vigentes y que no han sido derrotados en definitiva ante tribunales. La controversia se inició luego de que en septiembre de 2001 se publicó el decreto expropiatorio de 27 ingenios azucareros, por causa de “utilidad pública”, cuando Javier Usabiaga era titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
El Consorcio Azucarero Caze era dueño hasta entonces de los ingenios Atencingo, Casasano La Abeja, El Modelo, El Potrero, Emiliano Zapata, La Providencia, Plan de San Luis, San Cristóbal y San Miguelito. Desde entonces, la empresa ha promovido más de 10 amparos en contra del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y dos le fueron desechados por el Juzgado Octavo en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Insiste en este marco en que la venta no puede realizarse por la vigencia de dos amparos.
El primero es el 1135/2004 en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado como inconstitucional la expropiación al no poderse acreditar la quiebra de las factorías de Grupo Caze con activos en 2001 por 10 mil 538 millones de pesos y pasivos por 8 mil 976 millones de pesos.
En paralelo, está activa la demanda de reversión total de los bienes expropiados que se interpuso el 11 de mayo de 2007. Se argumentó que en lugar de saldar las deudas que dieron pie a ese proceso los pasivos se incrementaron a 14 mil 177 millones de pesos, según los estados financieros dictaminados de los todos los ingenios expropiados; y en otros nueve ingenios la pérdida se elevó casi ocho veces al acumular en cuatro años 9 mi 444.9 millones de pesos conforme a un reporte de la Auditoría Superior de la Federación.
