Propone TEPJF otra reforma electoral

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El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, propuso ajustes a la reforma político-electoral para imponer sanciones ejemplares y disuasivas ante las violaciones a la ley, y acelerar la justicia.

Al rendir su informe de labores 2014-2015 ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que encabeza el ministro Luis María Aguilar Morales, Carrasco Daza, quien condujo al TEPJF en este primer año de aplicación de la reforma político-electoral, planteó cambios.

Entre los cambios figura el transitar a la suspensión de los derechos de los partidos a participar en elecciones, en caso de que existan infracciones graves al modelo de comunicación política, según el cual, sólo el Instituto Nacional Electoral (INE) puede administrar espacios en radio y televisión, y partidos y candidatos tienen prohibido comprar tiempos.

De lo contrario, imponer multas económicas que son pagadas con dinero público, “pone en duda el carácter ejemplar y disuasorio de la sanción”, afirmó.

Recordó que durante el año de su gestión, el TEPJF aplicó un nuevo marco constitucional y contó con nueva estructura y competencias como resultado de la reforma electoral misma que, de acuerdo a la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), generó cargas excesivas de trabajo, alentó la litigiosidad y el riesgo de duplicidades.

Insistió en aplicar sanciones disuasivas no económicas y que las medidas cautelares —sobre propaganda o spots, por ejemplo— sean dictadas por el TEPJF y no por el INE, para dar homogeneidad y celeridad al procedimiento especial sancionador a fin de hacerlo más eficaz.

Además, se pronunció por elevar el nivel del debate político. Expuso que pese a los 41 millones de spots en la pasadas elecciones, 65 % de los cuales se dedicaron a partidos y candidatos, no se ha logrado garantizar información plural que permita el voto informado.

“Se percibe en la sociedad un grado de insuficiencia en cuanto a la eficacia de la propaganda electoral como vehículo para proporcionar información plural a la ciudadanía sobre temas impostergables de la agenda nacional”, dijo al proponer una revisión de las causas que no han permitido asegurar el derecho a una ciudadanía informada.

Por eso, llamó a los institutos políticos y candidatos a fijar posicionamientos con relación con rubros de relevancia social, de lo contrario, la propaganda política deja de cumplir su propósito de servir para un voto informado.

El magistrado Carrasco Daza reportó ‎25 mil 945 asuntos resueltos en un año por el TEPJF.