¿Que pasó en el Altiplano el 11 de julio?

Días aciagos esperan a las autoridades del sistema penitenciario y en general de todo el sistema de seguridad en México. Nada nuevo es enterarse de una fuga en las cárceles mexicanas, lo grave, es el lugar donde tuvo verificativo la más reciente.

Los altos costos de un establecimiento penitenciario de máxima seguridad debieran proporcionar un sentimiento de seguridad a la ciudadanía, lamentablemente está ocurriendo todo lo contario con lo ocurrido en El Altiplano lo que ha indignado a la sociedad; lo hemos repetido hasta el cansancio, el sistema penitenciario atraviesa por una severa crisis derivada de una insuficiencia de personal para asegurar una respuesta satisfactoria —ya no digamos óptima— a los problemas de seguridad y disciplina dentro de dichos recintos, la ausencia de una auténtica capacitación al personal, la improvisación del personal directivo, la ineficiencia administrativa para proveer del recurso tecnológico necesario de manera oportuna y el olvido del gran factor de apoyo que debe ser la práctica de la inteligencia penitenciaria mediante ejercicios intra e interinstitucionales.

Bien sabido es, que con el nombramiento de los titulares del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación, instancia encargada de la coordinación de los centros penitenciarios Federales la inexperiencia ha sido motor para que se haya confundido su objetivo, al considerar que lo primero que deben hacer al llegar al puesto es reforzar las áreas administrativas del área central quedando en segunda instancia el reforzamiento de los centros penitenciarios, cuando la lógica y la experiencia nos dice que es todo lo contrario, pues la esencia del referido órgano coordinador son los centros y en esta lógica se convierten en “lo menos importante, el patito feo de la institución” decimos esto en virtud de que ha sido práctica cotidiana el operar en instalaciones donde el lujo y confort de los funcionarios del área central es lo prioritario, así como estructurar áreas administrativas ampulosas para contratar al amigo del amigo mientras los olvidados centros, se hunden en la peor de las desgracias.

Es un secreto a voces que los centros penitenciarios de máxima seguridad, operan con el mínimo de personal, sin titulares de las principales áreas, esto es con encargados o si bien les va ocupando plazas inferiores ya que las plazas de la estructura autorizada se encuentran  comisionadas en el sector central donde operan los altos funcionarios encargados de planear en el papel, así como de rendir y rendir informes para asegurar a los jefes superiores que este gobierno cuenta con un sistema penitenciario que opera de manera óptima.   En general, los establecimientos penitenciarios han sido ineficientes para evitar que integrantes de la delincuencia organizada continúen operando desde el interior de la prisión, en base a su efecto corruptor, siendo los perdedores el Estado mexicano y la sociedad que representa al no cumplir con la función primordial de la prevención del delito.

El personal capacitado de los centros penitenciarios sabe que los facilitadores de riesgo son principalmente la corrupción, la falta de disciplina, el incumplimiento de la normatividad, la falta de equipo electrónico de vigilancia en buenas condiciones y suficiente cantidad, falta de apego a los procedimientos de revisión y sobre todo, personal mal seleccionado, no capacitado y menos actualizado.

No es posible concebir en buen juicio cómo en una institución que debe regirse por protocolos especializados en el área de seguridad y que cuenta con un sofisticado  sistema de videovigilancia  pueda ser vulnerada la seguridad.

Al caso da lo mismo decir que fue exceso de confianza, carencia de personal, ausencia de equipos electrónicos en óptimas condiciones, falta de conocimiento o de seguimiento de quien dentro de la prisión de alta seguridad se encontraba dentro de un área de las más controladas llamada de “tratamientos especiales”, descuido, negligencia o corrupción, el hecho claro es que falta uno en la lista del día.

De quién se trata claro que es importante, no obstante es más importante voltear la atención al aspecto estructural y operativo de estos centros, pues no basta con realizar una buena investigación sobre lo ya sucedido, sino abocarse a resolver los problemas de fondo para que esto no vuelva a suceder.

Un experto en prisiones debió percatarse días antes de aspectos prioritarios de seguridad, pues una fuga no se da por arte de magia, tiene todo un proceso de preparación en el aspecto de ingeniería  pero también en los aspectos técnicos y de seguridad, con mayor razón tratándose de internos como Joaquín Guzmán Loera,  ya que para entrar por ese boquete que con toda calma construyeron, él debió participar también, ¿con qué?, primero muchos días antes debió empezar a dejar de comer o bien hacer más ejercicio físico del acostumbrado para no tener problemas al ingresar en un boquete de 50 por 50 centímetros (según lo expresado por el Comisionado Nacional de Seguridad), ya que no podían jugársela para que en el momento de introducirse no contara con el espacio suficiente para maniobrar y lograr desplazarse hacia el túnel por donde alcanzó su tan ansiada libertad. Asimismo, por tratarse de un interno de alto riesgo, todos sus movimientos y desplazamientos debieron estar vigilados las 24 horas del día, por lo que resulta inverosímil que se perdiera la visibilidad por falta de luz.

Ni qué decir de las instancias de inteligencia general, ya no digamos penitenciaria, adscritas a la Comisión Nacional de Seguridad que operan en el exterior de el Altiplano que “nunca” se percataron de la convulsión que se avecinaba, de lo cual sí podemos estar seguros los ciudadanos, es que nunca sabremos quién omitió, descuidó o deliberadamente no informó sobre lo que venía, pues siempre, previo a una fuga existen señales e indicios que una institución de seguridad como lo es la Policía Federal o el personal directivo, ejecutivo y de seguridad del mismo penal de máxima seguridad debió tener conocimiento y ser alertadas todas las áreas tanto en el interior como en el exterior pero nada de esto se atendió.

En fin, ahora corresponde a la Procuraduría General de la República indagar lo que realmente sucedió para procesar penalmente a los responsables por sus acciones u omisiones, y no tardaremos mucho en ver la presentación de “presuntos responsables del hecho material”; sin embargo, administrativamente debe exigirse una investigación sobre si las acciones u omisiones son derivadas de otras, que intelectualmente impliquen responsabilidad de quienes irresponsablemente autorizaron que un penal de la magnitud y especialización como lo es el Altiplano estuviera operando sin cumplir con los mínimos de seguridad institucional e ir al análisis estructural de su operación, ya que no hacerlo será tanto como admitir que con un puñado de custodios que sean procesados culpables o no, se seguirá creyendo que a la sociedad se le puede dar pan y circo para quedar todo igual, como si nada hubiera pasado, ya que los expertos han señalado que una prisión sin seguridad es un caos.

El aspecto de seguridad no sólo debe ser cerrar candados y dejar que todo suceda en el interior de las celdas, más bien, seguridad penitenciaria significa planear, proteger y apoyar a las personas privadas de su libertad y estructurar labores de inteligencia para asegurar el eficiente cumplimiento de las atribuciones que le corresponde en este caso a la Comisión Nacional de Seguridad y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

No es suficiente con que el penitenciarista continúe argumentando que por el aumento en la incidencia delictiva, el abuso de la prisión preventiva, la no aplicación de penas sustitutivas a la prisión, el populismo legislativo penal, derivan irremediable y catastróficamente en la crisis del sistema penitenciario mexicano, es necesario entregarse a la función para rendir buenas cuentas a la sociedad.

El daño está hecho, que no vuelva a ocurrir.

Doctora en Ciencias Penales