Aprueban el Sistema Nacional Anticorrupción

Por Alberto Morales y Juan Arvizu

politica@eluniversal.com.mx

El Senado aprobó con 97 votos en favor, ocho en contra y dos abstenciones, la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y que brinda un nuevo andamiaje legal para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en toda la administración pública, los tres niveles de gobierno y castiga las conductas ilegales de particulares.

El decreto fue enviado a los Congresos estatales para su eventual ratificación y una vez que obtenga la aprobación de al menos 17 legislaturas, se envíe al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Aunque las bancadas del PAN y PRD votaron en favor de la minuta, advirtieron que presenta deficiencias porque no termina con el régimen de excepción del fuero para los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, y no castiga el uso indebido de recursos con fines personales, conocidos como “los moches”.

Los legisladores votaron la ley sin haber nombrado al Fiscal Anticorrupción, ello por la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios.

El senador Ernesto Cordero (PAN) presentó una reserva para facultar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revise los actos derivados de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y con ello, se pueda prevenir la entrega de “moches” a gobiernos estatales y municipales, pero fue rechazada.

La reforma, que modifica 14 artículos de la Constitución, dota al Tribunal Federal de Justicia Administrativa con plena autonomía, el cual se encargará de imponer sanciones.

Fortalece a la ASF y elimina el principio de anualidad y posterioridad, es decir, podrán auditar en tiempo real la Cuenta Pública Federal; además, el órgano fiscalizador revisará el uso de las participaciones federales destinadas a los estados hasta en 92%; el otro 8% serán fiscalizados por órganos locales.

La minuta tomó como base la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, en 2012, para crear una Comisión Nacional Anticorrupción, pero fue modificada sustancialmente por los grupos del PAN y PRD en la Cámara de Diputados.

La senadora Cristina Díaz (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que el Senado está obligado a cumplir en tiempo y forma el mandato de expedir la Ley General que establezca las Bases de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como las reformas y adecuaciones al sistema jurídico nacional, para ello, los legisladores tendrán un año a partir de la publicación de esta reforma.

Debate entre acusaciones. Al presentar la iniciativa, el senador Alejandro Encinas, presidente de Estudios Legislativos Segunda, pidió al Senado hacer una “excitativa” a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se dictamine la minuta enviada por Diputados para eliminar el fuero.

Su compañero Armando Ríos Piter (PRD), dijo que el corazón del debate es el tema del fuero, porque genera impunidad y “es posibilitarle a alguien que violó la ley que se salga con la suya”.

El senador Roberto Gil (PAN) dijo que es “mentira”, como señaló el senador Omar Fayad (PRI), que el dictamen incluya al Presidente, porque el titular del Ejecutivo “es inimputable” por conductas administrativas, políticas y penales, salvo la traición a la patria o delitos graves del orden común.

Javier Corral afirmó que no se puede combatir a la corrupción sin tocar al presidente de la República.

Al responder a la oposición, la senadora Lilia Merodio (PRI) afirmó que el poder público debe estar al servicio de todos los mexicanos y criticó que la oposición pida quitar el fuero cuando ellos han abusado de él.

“Aquí se han dado ejemplos, y yo recuerdo que no es escondiendo a un diputado electo (Julio César Godoy, acusado de tener vínculos con el crimen) en una cajuela, que haciendo uso del fuero, se proteja así con impunidad, como tampoco a los que vitoreaban en templetes a (José Luis) Abarca —ex acalde de Iguala—, que hoy está en la cárcel”, declaró.

Manuel Bartlett, coordinador del PT, dijo que la reforma es una “simulación” porque la estructura del poder que causa este fenómeno no se toca. Se trata, dijo, “de un regalo electoral al presidente Peña, ahora que se discute la casa blanca y el conflicto de intereses de su gabinete”.

La priísta Graciela Ortiz dijo que la oposición “ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, y dijo que ahora que la ASF podrá revisar ejercicios fiscales anteriores, y el PRI solicitará una revisión en la Línea 12.

El senador Mario Delgado, ex secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard, se sumó a la propuesta y le reviró que ojalá el presidente de la república haga pública su declaración de intereses.