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San José.- Tropas de las Fuerzas Armadas Hondureñas fueron desplegadas el miércoles en las cercanías de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa , en respuesta a una de las más prolongadas y radicales movilizaciones estudiantiles universitarias en la historia contemporánea de América Latina y el Caribe con toma de edificios y prolongada suspensión del curso lectivo.
Sin penetrar a la UNAH pero en áreas comerciales y viales, la presencia militar fue intermitente pero luego de violentos choques callejeros el pasado martes entre fuerzas policiales y universitarios encapuchados en la zona aledaña al campus, con saldo de heridos y detenidos.
Con una ruta de presión que activó en septiembre de 2016 y prolongó a 2017 pero sin ser una huelga, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) ocupó edificios de la sede central y de unidades regionales de un centro de educación superior fundado en 1847, uno de los cuatro más antiguos de Centroamérica y con unos 87 mil estudiantes. La crisis interrumpió el curso y se agravó luego de que, el 20 de julio pasado, la Universidad suspendió por cinco años a 19 dirigentes del MEU.
Según la dirigencia de la UNAH, el objetivo del MEU es tomar control total de la principal universidad hondureña, designar autoridades, definir planes académicos, diseñar sistemas financieros y administrativos y estructurar un centro de enseñanza a su conveniencia.
Tras rechazar dimitir, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, culpó del “caos” al Movimiento, afirmó que es difícil dialogar cuando el MEU exige destituir a la jerarquía en pleno y acusó al ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya (derrocado en junio de 2009) de ser la fuerza oculta del MEU. En junio anterior, el ex gobernante felicitó al estudiantado y le ofreció apoyo moral.
El hondureño Héctor Ulloa, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, organización parte del Movimiento, dijo a EL UNIVERSAL que “no tenemos ninguna relación” con Zelaya.
“Toda la propuesta del MEU es en apego irrestricto a las normas jurídicas”, con la meta de recuperar “espacios de participación estudiantil” por vía electoral, por lo que “cobijarse bajo la inmaculada bandera del apoliticismo es un discurso desgastado, vergonzoso e incoherente para un universitario de esta época”, subrayó.
El hondureño Roberto Herrera, comisionado estatal de los derechos humanos de Honduras, alertó, en una declaración que remitió a este diario, que “toda injerencia política es inaceptable, repudiable y es contraria” a la educación superior e instó a las partes a “evitar todo acto de violencia, odio, irrespeto o confrontación”.
