Agua Bonita, Colombia.

Selvática, lluviosa y calurosa o vaporosa, Agua Bonita está en la puerta de oro de la Amazonía, recóndito rincón del sur del territorio colombiano en el que son palpables las cenizas de la destrucción social —desconfianza y miedo—, luego de más de 52 años de conflicto entre una guerrilla marxista que combatió por cambiar las estructuras políticas y socioeconómicas de Colombia por un régimen socialista y un aparato anticomunista gobernante atrincherado en la defensa del sistema vigente desde mediados del siglo XX.

En una lucha por derribar temores y resentimientos acumulados en más de cinco décadas y lograr la reconciliación, tres de los 29 mexicanos —26 militares y tres civiles— que participan en el proceso de paz en este país, todavía atrapado por las secuelas de la violencia, están destacados en esta región.

A unos 50 kilómetros al este de Florencia, capital del sureño departamento colombiano de Caquetá, que está a unos 547 kilómetros al sur de Bogotá, Agua Bonita alberga una de las 19 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) en las que, con siete Puntos Transitorios de Normalización, se concentraron los más de 7 mil guerrilleros de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para su desmovilización, desarme y reinserción social. El viaje a esos sitios fue ejecutado del 28 de enero al 19 de febrero de 2017.

A la entrada de la ZVTN de Agua Bonita, y con los guerrilleros en ese perímetro, los tres mexicanos concedieron entrevistas a EL UNIVERSAL. La teniente de navío Cecilia y el capitán de fragata Jorge Alberto Gómez Muñoz, ambos miembros de la Secretaría de Marina, y la civil Oyuki Ang Anaya contaron sus experiencias en el contingente de 448 militares y 150 civiles provenientes de 19 países que la Organización de Naciones Unidas desplegó en Colombia.

Como una de las tres piezas del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del proceso de paz, la tarea de Naciones Unidas sigue un mandato del Consejo de Seguridad, que rige del 1 de diciembre de 2016 al 1 de diciembre de 2017, con opción de prolongarse.

El acuerdo de paz, que fijó concesiones de las dos partes y mecanismos para reestructurar factores políticos y socioeconómicos, fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, tras cuatro años de negociación en Cuba, por las FARC y el gobierno, que son los otros elementos del MMV. El mandato de la ONU es ser el componente internacional del cese al fuego y de hostilidades bilaterales, decretado por los dos bandos el 29 de agosto de 2016.

También acude a la dejación de armas de la guerrilla, que comenzó el pasado 1 de marzo y en la que verifica la destrucción del armamento inestable (minas, explosivos y otras municiones) y recibe las armas de las FARC. Además, resuelve diferencias entre ambas partes y cumple con una labor de diálogo y enseñanza entre comunidades, sociedad civil y autoridades colombianas.

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