Durante los próximos dos meses, la Corte Suprema de Estados Unidos podría tomar decisiones sobre media decena de casos relacionados con los planes del gobierno del presidente Donald Trump en materia de inmigración, especialmente sus medidas para intensificar las deportaciones.
Algunos de esos casos podrían decidirse hoy, cuando los jueces del máximo tribunal se reúnan para emitir dictámenes en aquellos que se discutieron en los últimos seis meses.
Los fallos podrían indicar si los jueces se están alejando de su tradición de otorgar al presidente y al Congreso amplia discreción en la forma en que manejan la inmigración, y qué papel pueden jugar las políticas administrativas, como la propuesta del veto a musulmanes.
Trump se ha comprometido a aumentar las deportaciones, en particular de personas que han sido condenadas por delitos, pero las decisiones que tome la Corte Suprema a favor de los inmigrantes en los casos pendientes “podrían hacer que sus planes sean más difíciles de realizar”, dijo Christopher Hajec, director de litigios en el Immigration Reform Litigation Institute.
Durante casi un siglo, la Corte sostuvo que, cuando se trata de inmigración, la Casa Blanca y el Congreso “pueden salirse con la suya, con cosas con las que regularmente no podrían”, dijo Peter Spiro, experto en leyes de inmigración.
Dos casos de inmigración en manos de la Corte ofrecen la posibilidad de reducir la deferencia que los tribunales han dado a otras ramas del gobierno en este asunto. Uno es una demanda colectiva de inmigrantes que han pasado tiempo detenidos, incluso muchos que son residentes legales de EU o que buscan asilo.
En el otro caso, el tribunal ha impugnado una ley federal inusual que facilita que los niños nacidos fuera de EU puedan conseguir la ciudadanía si su madre es estadounidense, pero lo dificulta si su padre es de ese país.
En tanto, el gobernador de California, Jerry Brown, asignó 15 millones de dólares adicionales del presupuesto para ampliar los servicios legales para defender a inmigrantes de la deportación. Abogados y activistas pro-inmigrantes afirmaron que esta medida prueba de que el estado está comprometido con mantener unidas a las familias.
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