El Reino Unido entregó ayer una carta con la que oficialmente comunicó su determinación de abandonar la Unión Europea (UE) tras cuatro décadas de integración.

El acta, firmada por la premier Theresa May, está dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien la recibió de manos del Representante Permanente de Gran Bretaña ante la UE, Tim Barrow.

El documento de seis cuartillas formaliza la activación del Artículo 50, protocolo incluido en el Tratado de Lisboa para permitir la salida de un Estado miembro de la Unión, en cumplimiento con el resultado del referéndum celebrado el pasado 23 de junio.

“Es un momento histórico”, declaró May en Londres luego de subrayar que “no habrá vuelta atrás” y que el Brexit es una oportunidad para las nuevas generaciones, para tener un país más justo, más fuerte y más unido.

“Lamentamos que el Reino Unido salga de la UE”, dijo por su parte Tusk, presidente del máximo organismo de decisión del bloque. “¿Qué más puedo decir? Ya los echamos de menos”. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sostuvo que “aunque respetamos el deseo de la mayoría de los británicos, hoy no es un buen día para Europa”.

La canciller alemana Angela Merkel dejó muy claro que no se negociará un acuerdo comercial al mismo tiempo que la separación, como May pidió en su carta. “Antes habrá que clarificar en las negociaciones cómo desligar las estrechas imbricaciones” entre la UE y el Reino Unido, dijo.

La misiva de May indica que Gran Bretaña “deja la Unión Europea, pero no Europa”, y que el objetivo no es dañar la UE, sino construir una “asociación especial y profunda que tome en consideración la cooperación económica y de seguridad”.

Sostiene que en caso de no alcanzar un acuerdo, los instrumentos que regirán las relaciones económicas serán los marcados por la Organización Mundial del Comercio, aunque advierte que este escenario tendría enormes consecuencias, pues debilitaría la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. “No es el resultado que ambos buscamos. Por lo que debemos trabajar duro para evitarlo”, destaca la carta insistiendo en que es en el interés de Gran Bretaña una Europa fuerte y próspera.

La respuesta no se hizo esperar y vino de parte del principal negociador del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, quien dijo que no aceptarán que se utilice a los migrantes y la cooperación en seguridad como moneda de cambio para conservar el acceso al mercado interior comunitario.

Explicó que en caso de que los británicos se arrepientan y soliciten volver a la UE, será posible sólo si los 27 países miembros del bloque dan su visto bueno.

El documento también lanza un mensaje directo a las aspiraciones independentistas y unionistas en Escocia e Irlanda del Norte, al subrayar que “negociaremos como un Reino Unido” y se pondrá particular atención a una asociación “única” con Irlanda para preservar la paz. El Parlamento de Escocia votó el martes a favor de la ley para celebrar un nuevo referéndum de independencia.

Tampoco pasa por alto el nubarrón existente sobre el futuro de los tres millones de comunitarios que radican en Gran Bretaña y los dos millones de británicos que viven en la Europa continental, en su mayoría jubilados. May propone alcanzar un acuerdo lo antes posible sobre sus derechos para no dejarlos en el limbo.

Asimismo expone algunas de las líneas directrices a seguir en un proceso que por lo menos durará dos años, y que prevé concluir con el pacto de exclusión y los términos generales del futuro Acuerdo de Asociación.

Una vez activado el Artículo 50, la Comisión Europea espera obtener el mandato para iniciar las negociaciones cuanto antes. Hasta que no abandone la UE, Gran Bretaña está obligada a seguir aplicando la legislación europea.

El Parlamento Europeo pretende involucrarse en el proceso y no quedarse al margen, como optó el Congreso británico, que dio manos libres a May para negociar. Por iniciativa del Partido Popular, los Socialistas, Liberales y Verdes, la próxima semana la Eurocámara someterá a votación una resolución que la convertirá en la autoridad última en aprobar o rechazar el acuerdo final.

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