El presidente brasileño, Michel Temer, y la ex presidenta Dilma Rousseff descartaron ayer, por separado, las nuevas acusaciones por la supuesta financiación ilegal de su campaña electoral de 2014, por la empresa Odebrecht.

Las acusaciones fueron hechas por Marcelo Odebrecht, el detenido ex presidente de la constructora del mismo nombre, ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que investiga si la fórmula Dilma Rousseff-Michel Temer, que buscaba la reelección, rompió las reglas de financiación de campaña y, por tanto, si esa victoria debería ser anulada.

En su testimonio filtrado a la prensa, el empresario aseguró que su grupo pagó 150 millones de reales (casi 64 millones de dólares al cambio promedio de 2014) para la reelección de la mandataria de izquierda (destituida en 2016) y de su conservador vicepresidente, quien la reemplaza en la jefatura de Estado.

Odebrecht, condenado a más de 19 años de reclusión, aseguró que conversó del tema con Temer en una cena, aunque sin hablar de cifras. La presidencia brasileña afirmó que la confesión de Odebrecht confirma lo que Temer “viene diciendo hace meses”: que “hubo una cena [entre Temer y Odebrecht], pero que no hablaron de valores” y que el PMDB, partido centroderechista que dirige, recibió 11.3 millones de reales en donaciones de Odebrecht en 2014, pero que todas fueron declaradas.

Ahora, se espera que el juez Herman Benjamin presente sus recomendaciones sobre el caso en las próximas semanas.

Sin embargo, analistas indicaron que, en caso de que el juez recomiende su remoción el mandatario podría evitarla hasta después de que termine su gestión, en 2018, a través de apelaciones.

Por su parte, la ex mandataria Dilma Rousseff negó de forma enfática que haya negociado apoyo financiero para campañas electorales con la empresa Odebrecht.

“Es mentirosa la información de que haya pedido recursos al señor Marcelo Odebrecht o cualquier empresario” para las campañas de 2010 y 2014, en las que fue elegida para gobernar el país, dijo Rousseff en un comunicado divulgado ayer.

Los Toledo dicen que no volverán a Perú. La esposa del ex presidente Alejandro Toledo, Eliane Karp, escribió ayer en Facebook que ella y su cónyuge —reclamado por la Justicia peruana por presunta corrupción en el caso Odebrecht— no regresarán al país mientras una “mafia” los persiga.

“Mientras exista esta mafia japonesa nunca volveremos al Perú glorioso. Ellos han malogrado la esencia profunda de Perú”, escribió Karp en referencia al sector político simpatizante del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori.

Toledo, de 70 años, pasó a la clandestinidad hace tres semanas, después de que un juez le dictara prisión preventiva de 18 meses. Las especulaciones apuntan a que sigue en EU, su país de residencia habitual, pero no hay pruebas.

El ex mandatario es acusado por el ex representante de Odebrecht en Lima, y ahora “colaborador” de la Justicia, quien asegura que el supuesto soborno se pagó a cambio de un contrato para la construcción de dos tramos de una carretera.

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