La revelación de un esquema de sobornos de Odebrecht en Panamá rompió la pasividad de miles de ciudadanos que se tomaron ayer las calles de la capital panameña, por primera vez en años, para exigir justicia y anunciar que están hasta el tope con la corrupción.

Desde que el ex presidente Ricardo Martinelli salió del poder, a mediados de 2014, son más de una veintena los escándalos destapados que supuestamente causaron al Estado lesiones por cientos de millones de dólares. El ex mandatario, quien se encuentra en Estados Unidos y tiene seis causas judiciales abiertas, es requerido en extradición por la Corte Suprema para que responda en un caso de escuchas ilegales.

Pero ni esto ni el caso de los papeles de Panamá habían sacado a los panameños de la rutina.

Las revelaciones de la justicia de EU sobre el pago de millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht fueron la gota que derramó el vaso y que motivó a la primera marcha multitudinaria de los últimos años.

Muchos panameños salieron apurados de sus trabajos para unirse a la manifestación, que recorrió al menos dos kilómetros hasta la sede principal del Ministerio Público, criticado por la lentitud de sus investigaciones.

“Yo me levanto todos los días a trabajar para comer, mientras otros roban”, dijo Bianca Palma, quien nunca antes había ido a una manifestación.

Ayer mismo, abogados de nueve personas requeridas por el caso Odebrecht, entre ellos dos hijos y el hermano de Martinelli presentaron ante el Supremo recursos de hábeas corpus para evitar ser detenidos por las autoridades, un día después de que la fiscalía anticorrupción emitiera una orden de conducción para nueve personas a las que se han formulado cargos por blanqueo de capitales por su supuesta vinculación con la corrupción.

En total son 17 las personas a las que se les han formulado los cargos de blanqueo de capitales.

El ex contralor genera panameño, Alvin Weeden, quien denunció en 2015 un supuesto lavado de dinero por parte de Odebrecht en relación al caso brasileño Lava Jato, entregó este miércoles “evidencias” a la fiscalía de que la empresa brasileña blanqueó hasta 400 millones de dólares en el país centroamericano, “y no 50 millones” como había denunciado inicialmente.

En Perú, en tanto, el fiscal general Pablo Sánchez aseguró que el organismo que dirige llegará hasta los “peces gordos” que recibieron sobornos de Odebrecht para a cambio adjudicar millonarias obras públicas.

Gracias a la información entregada hasta ahora, la policía peruana detuvo a los ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Edwin Luyo y Miguel Ángel Navarro por presuntamente haber recibido sobornos en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima. También se decretó una orden de captura internacional contra el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, quien aparentemente salió de Perú hacia EU.

En Venezuela, la ONG anticorrupción Transparencia Venezuela pidió al gobierno información sobre dos casos “emblemáticos” de corrupción relacionados con Odebrecht y con irregularidades en la importación de alimentos.

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