Brasilia.— El escándalo por corrupción escala en Brasil y amenaza con elevar la disputa entre los poderes Legislativo y Judicial.
Ayer, la directiva del Senado se rebeló ante una medida cautelar dictada por un juez del Tribunal Supremo, la cual suspendía de su cargo al presidente de la Cámara Alta, Renán Calheiros, imputado en una causa penal por supuesta corrupción.
Este embrollo jurídico llevó al Senado a ratificar a Calheiros en su cargo y a suspender las sesiones previstas para ayer. También añadió más incertidumbre a la delicada situación política de Brasil y causó “preocupación” en el gobierno de Michel Temer.
Calheiros, quien desde la semana pasada es objeto de un proceso por supuesta corrupción, es dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el presidente Temer, quien confía en su bancada para impulsar la votación de un severo ajuste fiscal.
Para complicar más las cosas, si Calheiros se ve obligado a dejar el cargo será sustituido por el actual vicepresidente del Senado, Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores (PT) —al que pertenece la ex presidenta Dilma Rousseff, destituida en agosto—, quien y considera “golpistas” a Temer y el PMDB.
El conflicto, sin precedentes y de ribetes rocambolescos, se gesta desde la semana pasada, cuando el Supremo instauró un juicio penal contra Calheiros, bajo la sospecha de que favorecía a una empresa que, a cambio, pagaba la pensión de una hija que tiene fuera del matrimonio.
El lunes, el juez Marco Aurelio Mello, uno de los 11 miembros del Supremo, aceptó una demanda del partido Rede Sustentabilidad, que exigía la suspensión de Calheiros de la presidencia del Senado por su nueva condición de imputado de la justicia.
Según Mello, quien responde a una acción penal no puede estar en la línea sucesoria de la presidencia, en la que el jefe del Senado le sigue al de la Cámara de Diputados.
Mello se apoyó en un juicio aún inconcluso de la Corte Suprema, en el que la mayoría de los magistrados ya se ha pronunciado en esa misma línea, pero sobre el cual no existe una decisión definitiva.
La primera reacción del Senado fue apelar contra esa cautelar ante el propio Supremo, por lo que consideró como una “intromisión” del Poder Judicial en asuntos del Legislativo.
En su segunda respuesta, la Mesa Directiva del Senado fue más allá, se negó a cumplir con la cautelar y, en abierta rebeldía, dijo que Calheiros seguirá en su puesto hasta que el pleno del Supremo se pronuncie sobre el caso, lo que pudiera ocurrir hoy.
La decisión adoptada por la Mesa Directiva, integrada por ocho senadores, casi todos del arco oficialista, fue rechazada por los partidos de oposición representados en el Senado.
“Se ha creado una confusión enorme, porque ahora ni siquiera se sabe quién es el presidente de la cámara”, dijo Linderberg Farías, jefe del grupo del PT en el Senado.
El senador Romero Jucá, del PMDB y jefe del grupo oficialista, consideró que Calheiros sigue en el cargo hasta que el Tribunal Supremo revise la decisión e instó a los parlamentarios a esperar “con calma”.
Sin embargo, el asunto hizo mella en la propia base parlamentaria del gobierno, al punto de que el senador Ronaldo Caiado, jefe del grupo del partido oficialista Demócratas, declaró que Calheiros “ya no está” al frente del organismo legislativo. “El Senado apeló a la medida cautelar y con eso la ha dado por buena, por lo que hasta que el Supremo no se pronuncie, la decisión del juez es la que vale”, afirmó.
El gobierno se ha mantenido en silencio ya que, según dijeron fuentes consultadas por EFE, entiende que “no le incumbe intervenir en un asunto que deben resolver los otros dos poderes”.
Sin embargo, las mismas fuentes admitieron que el asunto causó una “gran preocupación”, pues se teme por algunas votaciones claves que deberían realizarse en el Senado en los próximos días, incluyendo una sobre si limitar el aumento anual del gasto público a la tasa de inflación del ejercicio anterior los próximos 20 años.
En tanto, en Río de Janeiro al menos 30 personas, según el portal O Globo, resultaron heridas ayer durante las protestas de funcionarios públicos contra el plan de recortes con que el estado quiere afrontar la grave crisis económica que padece. La policía empleó gas pimienta y lacrimógeno para dispersar a la gente.
