La Audiencia Nacional de España ha decidido que el joven Diego Cruz Alonso será extraditado a México, según la agencia Efe. La propia Audiencia, sin embargo, no confirma este punto porque no se ha redactado ninguna resolución al respecto ni se ha notificado a las partes ninguna decisión.
Los 18 jueces que componen el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional se han reunido este viernes y han deliberado sobre el último recurso de Cruz Alonso, detenido en España el 11 de junio por orden de Interpol después de que la PGR emitiera un mandato internacional de detención por pederastia tumultuaria en la violación de una menor de 17 años en Veracruz en 2015.
Los jueces españoles no han redactado ninguna resolución oficial, pero fuentes jurídicas que cita la agencia de noticias aseguran que el pleno de magistrados han rechazado los argumentos de la defensa de Cruz Alonso, conocido como uno de “Los Porkys de Costa de Oro”.
Según la propia Audiencia, esa resolución no existe. Podría estar lista la semana que viene o, teniendo en cuenta que al inicio de diciembre se suceden varios días festivos en España, podría alargarse.
El Pleno de la Audiencia Nacional debía decidir sobre el recurso presentado por la defensa de Cruz Alonso después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anunciara en octubre que accedía a la petición de México para que Diego Gabriel Cruz Alonso fuera extraditado.
En ese auto los tres magistrados firmantes coincidieron en “que se dan los requisitos para acceder a la entrega, y que el delito cuya persecución se solicita la entrega es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no concurre el instituto de la prescripción dada la fecha de los hechos y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad”.
Respecto a la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega, uno de los pilares en los que se basó la defensa, la Sala consideró que poseer pasaporte español “en manera alguna” impedía la extradición.
Si el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmara el auto, tal como asegura Efe que ha ocurrido, sólo el Consejo de Ministros español podría frenar la extradición. Esta sería una decisión excepcional que se justificaría por un elemento de seguridad nacional, por irregularidades manifiestas en el proceso o porque se observasen injerencias políticas.
cg
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