Cuestionan plan argentino contra el narco

Mundo 02/09/2016 01:55 Javier Sinay Corresponsal Actualizada 01:55

Buenos Aires.— Luego de que el martes pasado el presidente Mauricio Macri presentara el programa “Argentina sin narcotráfico”, se alzaron algunas voces críticas en Buenos Aires.

“La denominada ‘guerra contra las drogas’ es un modelo que ha fracasado en su promesa de terminar con la criminalidad organizada y que es responsable de violaciones a los derechos humanos en todos los lugares en donde se llevó adelante. Los más de 150 mil muertos que ya causó en México, sin que el tráfico hacia Estados Unidos se redujera en forma significativa son elocuentes”, señala un comunicado que lanzó ayer el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), la ONG de derechos humanos más importante del país, conformada por activistas origen jurídico.

Los objetivos operativos del programa “Argentina sin narcotráfico” son: erradicación de la pasta base de cocaína, conocida en Argentina como “paco”; presencia activa y dinámica de fuerzas federales y provinciales en todo el país; recuperación para el Estado de bienes provenientes del narco; identificación y persecución de bandas criminales; y desarrollo e integración de grupos especiales mixtos conformados por fuerzas federales y provinciales, que actuarán en equipos conjuntos de alta operatividad, entre otras medidas.

El comunicado del CELS, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, resalta que el programa “contiene algunas iniciativas interesantes que deberían transformarse en reformas legales y acciones concretas [pero] omite cuestiones estructurales”. “Se trata más de una acción de comunicación destinada a seguir instalando la idea de que hay un ‘flagelo’ que azota a Argentina que del desarrollo de un plan de política pública”.

“Llama la atención que ‘Argentina sin narcotráfico’ no incluya ninguna política destinada a la persecución penal del lavado de dinero, uno de los principales mecanismos del mercado [del narco], ni se plantee como objetivo resolver el problema de la participación policial en las redes de ilegalidad”, dice el CELS.

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