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La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay falló hoy a favor de Uber ante una denuncia presentada por el gremio de taxistas por competencia desleal.
El Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (CPATU, la patronal del gremio) compareció ante la citada comisión el pasado 16 enero y denunció que Uber incurrió en competencia desleal al comenzar a operar (en noviembre de 2015) sin aportar tributos, pagar permisos y "sin asumir responsabilidades por su actividad", dice el texto de la resolución divulgado por el uruguayo Canal 10.
La denuncia fue admitida a trámite el pasado 26 de enero y Uber compareció el pasado 28 de marzo.
En esa ocasión, la empresa, que mediante una aplicación contacta a conductores particulares con usuarios, negó "enfáticamente" la totalidad de las "imputaciones que se le formulaban" y afirmó actuar dentro del marco jurídico vigente, recoge el documento.
La resolución de la comisión señala que "no se ha acreditado la existencia de conductas que contravengan la normativa sobre libre concurrencia vigente a la fecha".
En marzo, el Gobierno uruguayo remitió un proyecto de ley al Parlamento para regular la actividad de empresas que se basan en la contratación de servicios a través de plataformas informáticas, como Uber o Airbnb, dado el recelo que han despertado en sus respectivos sectores en Uruguay.
En ese sentido, la comisión formuló una recomendación no vinculante dirigida al Poder Legislativo, a las Juntas Departamentales y a las Intendencias Departamentales en la que sugiere que para regular ese tipo de actividades "se procure diseñar un marco favorable a la competencia".
Además, recomienda que esa legislación busque la "igualdad de condiciones de las partes para competir, que no establezca requisitos injustificados ni barreras a la entrada que impidan el ingreso de nuevos agentes al mercado y que no resulte en un obstáculo para el desarrollo de nuevos modelos de negocio".
Uber funciona en más de 300 ciudades de unos 60 países y se ha enfrentado a varios contenciosos judiciales por su modelo de negocio en naciones como India, España e Italia.
Además, grupos de taxistas se han manifestado en varias ciudades de Latinoamérica para exigir que se combatan los servicios de Uber y otras plataformas tecnológicas para servicios privados de transporte de pasajeros, que consideran "ilegales".
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