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Un juez condenó a siete militares retirados chilenos por su responsabilidad en el homicidio de ocho opositores a la dictadura de Augusto Pinochet y el secuestro calificado de otros tres, ocurridos en el centro de detención de Pisagua, en el norte del país, en 1973.
El magistrado Mario Carroza, que está a cargo de causas sobre violaciones a los derechos humanos en la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a cadena perpetua a Sergio Benavides, coronel retirado del ejército, y Manuel Vega, que era mayor de Carabineros, como autores de las desapariciones y los homicidios.
Otros cuatro ex militares fueron condenados a penas de quince años y un día de cárcel por su participación en los hechos, mientras que un séptimo implicado recibió una pena de diez años y un día de presidio.
Según la investigación de Carroza, los crímenes ocurrieron en septiembre y octubre de 1973, poco después del golpe de Estado que realizó Pinochet, en un campamento de prisioneros de Pisagua, en la norteña región de Tarapacá.
Las víctimas eran militantes de izquierda y simpatizantes del derrocado gobierno de Salvador Allende que fueron detenidos después del golpe y trasladados al campamento de Pisagua.
Allí eran golpeados y se les obligaba a firmar documentos en blanco que posteriormente se utilizaban en Consejos de Guerra falsos para poder condenarlos a muerte y ejecutarlos, según la indagatoria del juez.
El fallo sostiene que el 19 de septiembre de 1973 sacaron de sus celdas a Juan Calderón, Luis Alberto Lizardi, Marcelo Guzmán, Juan Jiménez, Jesús Cañas y Michel Nash, fueron ejecutados cerca del campamento bajo el pretexto que habían intentado escaparse.
Los cuerpos fueron envueltos en arpilleras y luego inhumados en una fosa en el desierto de Atacama. En 1990 fueron hallados tres de los cuerpos y los otros siguen desaparecidos.
El 11 de octubre de 1973, los opositores Julio Cabezas, Juan Valencia, Mario Morris, José Córdova y José Lizardi también fueron sacados de sus celdas en el campo de prisioneros de Pisagua y luego ejecutados en un lugar cercano al cementerio de esa localidad.
En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar un total de 510 millones de pesos (cerca de 780,000 dólares) a las familias de las víctimas por el daño moral.
pmba
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