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El gobierno chileno confirmó que enviará al congreso el proyecto de reforma de la educación superior pese a que no cuenta con el respaldo de los rectores de las universidades estatales, de algunos parlamentarios oficialistas, ni tampoco de los estudiantes.
Mientras en el palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, se realizaba hoy una reunión de emergencia convocada por el ministro del Interior, Mario Fernández, para tratar el tema, desde la oficina de la Presidencia se informó que la jefa de Estado, Michelle Bachelet, realizará esta noche el anuncio del envío del articulado.
"Con este anuncio, la presidenta cumple con otro de los compromisos programáticos de su Gobierno, impulsando un sistema de acceso a la educación desde los primeros años formativos, en sala cuna y pre-básica hasta la educación superior y técnica", precisó un comunicado.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, ya había anticipado antes de ingresar a la reunión con Fernández, que no se postergará el envío de la reforma a la educación superior y que se cumplirán todos los plazos estipulados, pese a que varios parlamentarios del oficialismo pidieron el retraso de la presentación.
La diputada del Partido Comunista e integrante de la comisión de Educación, Camila Vallejo, apeló a la unión del bloque oficialista Nueva Mayoría y enfatizó que se debe cumplir con lo prometido.
"Es necesario tramitar este proyecto y que no se caiga en el camino, pero que mejore y que apunte a aquello que dijimos como Nueva Mayoría, de fortalecer las instituciones del Estado, combatir el endeudamiento y avanzar claramente en gratuidad y en regulación en el mundo privado", aseveró Vallejo.
Según los estudiantes, que han llamado a una nueva marcha para el próximo martes pese a no contar con la autorización oficial, el proyecto mantiene una lógica de mercado y deja la puerta entreabierta al lucro en la educación universitaria, además de incumplir la promesa de gratuidad universal comprometida por el Gobierno.
La gratuidad en la educación superior universitaria fue una de las principales demandas de los estudiantes que desde 2011 se lanzaron a las calles para reclamar su derecho a estudiar sin estar condicionados por su capacidad económica.
La iniciativa fue incluida en el programa electoral del segundo mandato de Bachelet y se estableció que el 70 % de los estudiantes más vulnerables podrán acceder de forma gratuita a la universidad.
Sin embargo, tras la brusca desaceleración económica que golpeó al país austral este año, el Gobierno recortó la cuota de forma considerable.
Desde el pasado 21 de mayo, el Ejecutivo modificó en más de cinco ocasiones las propuestas de gratuidad, lo que desconcertó a la comunidad universitaria y empujó a los estudiantes a marchar de nuevo por las calles de las principales ciudades del país.
Actualmente hay más de 60 colegios ocupados por los estudiantes secundarios y lo mismo ocurre con unas 50 sedes universitarias.
jlcg
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