OEA aprueba declaración sobre crisis en Venezuela

Tras una maratónica sesión que se expandió por más de 10 horas, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una tibia resolución en la que ofrece sus buenos oficios para la búsqueda de soluciones a la crisis de Venezuela y expresa su apoyo a las gestiones que vienen realizando un grupo de expresidentes para que las partes reanuden los diálogos en el vecino país.

La declaración, presentada por Argentina con el apoyo de Estados Unidos, México, Perú, Honduras y Barbados fue aprobada por consenso sin necesidad de una votación.

La OEA, dice el texto, declara “su fraternal ofrecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela a fin de identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un dialogo abierto e incluyente entre el gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a su soberanía”.

En su segundo punto, los países respaldan la iniciativa de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, para la reapertura de un “diálogo efectivo entre el Gobierno y la Oposición, con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela”.

El texto aprobado también expresa el respaldo de los países a los “procedimientos constitucionales”, una fórmula que utilizaron algunos países para manifestar su apoyo a instrumentos como el referendo revocatorio que está convocando la oposición. Pese a ello, los únicos países que hicieron referencia específica al referendo durante el debate fueron Paraguay y Colombia, a través de su embajador Andrés González.

La sesión estuvo marcada por los repetidos intentos de Venezuela y de países amigos como Nicaragua y Bolivia que intentaron bloquear los procedimientos desde el mismo inicio y luego, casi palabra por palabra, el texto presentado.

El texto había sido negociado por un grupo de 24 países que se reunieron el martes en la noche para discutir la declaración y en ella se consideró el texto de otra declaración que sido había sugerido Venezuela.

Pero Caracas, a través de su embajador Bernardo Álvarez, alegó que su país no había participado de esas negociaciones y que por lo tanto se debía convocar a otra reunión para conciliar los textos. Algo que fue considerado por muchos como una táctica dilatoria.

Aunque la declaración tiene poca fuerza, en buena medida fue un termómetro del ambiente que existe entre los países de cara a la reunión extraordinaria del Consejo Permanente que pidió este martes el Secretario de la organización, Luis Almagro.

Almagro, en un acto sin antecedentes, activó la Carta Democrática al solicitar la cita urgente del Consejo para debatir la situación que se vive en Venezuela.

Su decisión no cayó bien entre las delegaciones de muchos países pues Almagro actuó de manera unilateral y sin atender la solicitud de algunos países, como Argentina, que le pidieron frenar la activación de la carta mientras los países buscaban una solución por una vía menos agresiva.

La Carta Democrática contempla, entre otras cosas, la suspensión de un país donde se ha roto el orden constitucional, algo que Almagro cree ya sucedió en Venezuela.

La declaración de este miércoles no afecta el curso de la cita planteada por Almagro para junio y que obligará a que los países se pronuncien sobre el informe de 132 páginas que presentó el Secretario y en el que detalla la ruptura del orden democrático que ha denunciado.

Aún así, se ve como una “vía paralela” que está moviendo el Consejo para buscar algún vehículo que lleve al diálogo en Venezuela.

Pese a su falta de contundencia, la declaración en si demuestra, no obstante, el interés de algunos países por que se busquen salidas a la crisis en el vecino país o al menos se debata la situación.

Así mismo, la incapacidad de Venezuela a bloquear de plano -como quería- cualquier acción de la OEA frente al país.

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