España y Rumania, por Corte sobre terrorismo

El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, reconoció ayer en Bucarest que crear la Corte Internacional contra el Terrorismo (CIT), que impulsan España y Rumania, será complejo y llevará tiempo.

Catalá señaló que los dos países están analizando la fórmula jurídica que consiga sumar al mayor número de países a la creación de este tribunal, que estará dedicado específicamente a la lucha contra el terrorismo para suplir las carencias en este sentido de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Al ser en el ámbito de las Naciones Unidas, por tanto multilateral, eso también significa que es muy complejo de llevar a cabo”, indicó en una entrevista con EFE el ministro, quien ayer concluyó su visita oficial a Rumania.

El responsable de Justicia precisó que esta iniciativa, impulsada por Bucarest inicialmente y a la que España se sumó, ya ha sido presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Cuando salga adelante, como confiamos, tendrá una gran relevancia, será una gran institución internacional en esa materia tan singular como es la lucha contra el terrorismo”, prosiguió Catalá.

En mayo del año pasado, el ministro rumano de Exteriores, Bogdan Aurescu, presentó ante el Consejo de Europa el proyecto de creación de esa corte, cuyo formato, de acuerdo con el documento dado a conocer, sería un tribunal penal internacional ad hoc, como los de la antigua Yugoslavia o Ruanda.

La idea es que en esa corte se juzguen hechos relacionados con el terrorismo, con una jurisdicción que tendría en cuenta la intención criminal para cometer los actos, la intención específica de provocar terror y de perpetrar un acto que amenace la paz y la seguridad internacionales.

El texto presentado entonces indicaba que la CIT, que estaría compuesta por 11 o 15 jueces cuya elección respete el equilibrio geográfico, de género y de los principales sistemas jurídicos del mundo, tendría una fuerza multinacional de policía. La iniciativa, según la propuesta rumana, afrontaría la situación de los Estados “que no tienen la capacidad o no quieren llevar ante la Justicia a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y han cometido actos terroristas”, lo que reforzaría los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo.

El artículo 5 del Estatuto de Roma de 1998 que creó la CPI preveía tres crímenes ligados al terrorismo, pero se eliminaron y, por ello, ese texto no incluye referencias a los actos terroristas.